El reloj avanza para el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria Angulo. Acusado de transformar a suboficiales en obreros de construcción, mientras supuestamente patrullaban las calles de Arequipa, el alto mando policial está cerca de conocer si lo acusan o no formalmente por el caso «Policías albañiles» dentro de 30 días.
“Tenemos 30 días. Luego concluimos la investigación y decidimos el requerimiento que corresponde”, confirmó el fiscal Arturo Valencia Payva, quien dirige la pesquisa. El expediente no es para menos. En él se investiga a Zanabria por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible, falsedad ideológica y abuso de autoridad. De confirmarse estos cargos en un posible juicio, el general podría afrontar penas que, en conjunto, superarían los 20 años de cárcel.
Los hechos
La Fiscalía tiene en su poder el testimonio de 15 personas; los más delicados son los relatos de seis suboficiales que declararon como testigos protegidos: lentes oscuros, pasamontañas y voces distorsionadas —en una sesión virtual— para denunciar que, en 2020, fueron obligados a levantar muros, instalar cañerías y tirar cables eléctricos en instalaciones policiales.
Según los testimonios hechos públicos a través de un dominical de alcance nacional, los suboficiales remodelaron una capilla y un casino policial sin pago extra y sin condiciones básicas de trabajo. Mientras tanto, en los informes oficiales, sus nombres figuraban asignados al patrullaje a pie. Zanabria, por su parte, ha intentado bajar el tono a las acusaciones y asegura que todo fue voluntario, “en beneficio del personal”.
Un elemento complica más el tema para Zanabria. Claver Colquehuanca, maestro de obra, relató que tras culminar su trabajo recibió un pago de 4 mil 700 soles por transferencia bancaria. Hasta ahí, todo normal. Lo extraño vino después. Según su testimonio, también le depositaron otros 17 mil 400 soles, dinero que no le correspondía. Cuando le contó el hecho a Zanabria este le habría pedido que retirara el monto en efectivo y le devolviera la diferencia.
La investigación ha demandado que Zanabria declare hasta en 12 oportunidades ante el Ministerio Público, de acuerdo a lo descrito por Valencia. La investigación ya fue ampliada por ocho meses el año pasado. La Fiscalía Anticorrupción en 30 días decidirá si formula una acusación formal o archiva el caso en la etapa de investigación preliminar.
Más acusaciones
El escándalo no se aleja de Zanabria Angulo. El fin de semana a través de un programa dominical el comandante general de la Policía Nacional del Perú ha sido acusado por dos colaboradores eficaces de encabezar una presunta estructura de protección policial al servicio de intereses mineros ilegales en Caravelí. Todo ello cuando se desempeñaba como jefe de la Región Policial de Arequipa. Las declaraciones, recogidas por el Ministerio Público, revelan un esquema que involucra pagos en efectivo y en oro, alertas previas a operativos y una supuesta estrategia de simulación de ataques para justificar la presencia permanente de la fuerza pública en zonas de extracción.
Uno de los testimonios —un exintegrante de una red criminal que disputaba el control de concesiones en Atico— afirma que Zanabria no solo conocía las operaciones de los mineros ilegales, sino que las facilitaba. “El general Zanabria arreglaba con todos, con ambos mandos. Por eso, antes de que nos vengan a detener, nos avisaban. Sabíamos cuándo subía la PNP y todos fugábamos”, declaró ante fiscales del caso.
La versión fue corroborada por un segundo colaborador, esta vez un policía en funciones, quien aseguró que no es el único efectivo policial brindando información sobre el caso. “Afirmo categóricamente que sí, él es un integrante de una organización criminal. Él desconoce la cantidad real de oficiales y suboficiales que están declarando estos hechos”, sostuvo.
De acuerdo con ambos informantes, Zanabria habría viajado con frecuencia a la zona en disputa para recibir directamente los pagos por la protección brindada. “Él viajaba todas las semanas, cada quince días, en forma directa a la zona de conflicto. Se le pagaba en efectivo y en mineral, en oro”, precisó uno de ellos.
¿Policías como «chalecos»?
Un punto clave en la denuncia es el presunto uso de policías como fuerza de choque durante un conflicto entre la empresa Intigold Mining S.A. y el consorcio Calpa Renace. Según los colaboradores, efectivos de la PNP actuaron como “chalecos”, custodiando terrenos en litigio a cambio de dinero.
La Fiscalía también investiga la supuesta fabricación de escenarios de violencia con el objetivo de extender indefinidamente el Estado de Emergencia en la zona. Uno de los colaboradores reveló que algunos agentes simulaban enfrentamientos, incluso disparando al aire y dejando casquillos, para justificar reportes falsos en las comisarías. “La ganancia mayormente era para la minera informal. Al haber personal policial ahí, ellos podían seguir trabajando de forma impune”, explicó.
