La Contraloría encendió las alarmas en Autodema: la entidad llevaba años sin cumplir con un requisito clave para transparentar cómo gasta el dinero público en consultorías. Pese a que desde 2022 existe la obligación legal de registrar estos contratos de consultoría y otros en el sistema SIRICC, al cierre de la revisión del órgano de control en abril de 2025, los documentos seguían guardados en el cajón digital de lo pendiente.
La ley es clara. El sistema SIRICC, administrado por la Contraloría General, fue creado precisamente para que cualquier ciudadano pueda rastrear cada sol invertido en servicios de consultoría. Desde asesorías legales hasta supervisiones de obra, todo debe estar ahí. Autodema recibió sus claves de acceso, se asignaron responsables, pero al final nadie completó el trabajo.
Lo concreto es que cuando revisaron los registros, encontraron contratos de consultoría de los últimos siete años atascados. Los de 2018 a 2023 aparecían como registrados pero sin validar. Los de 2024 ni siquiera habían sido subidos al sistema, pese a que el plazo venció hace meses. Y lo más grave: en el portal público de la Contraloría, donde deberían estar visibles para cualquier persona interesada, no había rastro de ninguno de estos contratos.
«A través del portal de “Registro de Consultorías” de la Contraloría General de la República, se verificó la existencia de publicación de consultorías para los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, donde se observa que ninguna consultoría se encuentra publicada en el mencionado portal», resume el informe de Contraloría que no detalla cuántos contratos fueron obviados.
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Además, aparte de lo expuesto, el equipo técnico de la Contraloría confirmó que Autodema tenía al menos diez contratos pendientes de validación por parte del área de abastecimiento. El protocolo es simple: primero se registran los datos, luego la oficina de administración los revisa y valida. Pero en Autodema este proceso se quedó a medio camino en el caso de estos contratos.
Lo que queda claro es que mientras la ley exige transparencia, en los hechos hubo un vacío informativo que duró años. La Contraloría ya giró la recomendación para que la gestión de Duberly Otazú, gerente de Autodema, corrija esta situación. Sin embargo, el retraso acumulado plantea preguntas incómodas sobre por qué falló un sistema que tenía todos los elementos para funcionar: una ley clara, una plataforma disponible y personal designado para hacer el trabajo. Lo más preocupante es que la población, en todos estos años, jamás tomó conocimiento a través de medios digitales de los gastos en consultorías que realizaba Autodema.
