Desde el 10 de mayo, el Estado tendrá más obstáculos para recuperar bienes ligados a delitos como corrupción o lavado de activos. La Ley N.º 32326, firmada por Dina Boluarte y Gustavo Adrianzén, exige ahora una sentencia firme para aplicar la extinción de dominio. Miles de casos en curso podrían ser archivados.
El cambio más polémico es el nuevo requisito de contar con una sentencia judicial firme. Según el juez Manuel Luján Tupez, del Poder Judicial, más de cinco mil casos vigentes podrían terminar en el archivo. La reforma también limita el inicio de procesos, reduce el alcance de la norma y traslada la carga de prueba al fiscal. Antes bastaba con indicios razonables para actuar. Ahora se exige probar el delito, los actos de ocultamiento y demostrar que el propietario no era un tercero de buena fe.
La norma, que se aplica desde el 10 de mayo a todos los procesos en trámite, beneficia directamente a figuras como Vladimir Cerrón. El exgobernador, prófugo de la justicia, recuperará más de S/1.6 millones bloqueados en una cuenta a su nombre. No tiene sentencia firme, por lo que el Estado debe devolverle el dinero. También se verían favorecidos otros expresidentes como Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes enfrentan procesos por corrupción, pero aún no han sido condenados.
El abogado Carlos Caro advierte que ahora solo se puede aplicar la extinción si el delito está plenamente acreditado. Esto deja fuera casos donde las pruebas eran contundentes, pero aún no había fallo judicial. El artículo 2.9 obliga al fiscal a probar el origen ilícito del bien. Antes, el investigado debía demostrar su inocencia. Además, todo el procedimiento será público y se deberá notificar a todos los involucrados. Si el juez rechaza la demanda, el Estado tendrá un máximo de 72 horas para devolver los bienes.
Aunque algunos sectores aplauden la reforma, como los sindicatos pesqueros que temían embargos por faltas administrativas, el golpe al sistema anticorrupción es evidente. Expertos aseguran que la exigencia de sentencia firme puede tomar más de una década. Tiempo suficiente para que los acusados oculten o dispongan de los bienes. La lucha contra el lavado de activos y la corrupción enfrenta ahora un nuevo y complejo escenario legal.
