La Contraloría General de la República alertó al Gobierno Regional de Arequipa sobre irregularidades en el expediente técnico del proyecto de mejoramiento de la institución educativa Arequipa, ejecutado bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Según el informe de control, se habrían inflado los costos mediante bonificaciones que no corresponden a los trabajadores de construcción civil. Además de una duplicidad en la adquisición de agua potable, generando un sobrecosto de S/ 219 238.

El proyecto se adjudicó por un monto de S/ 60.3 millones y tiene un plazo de ejecución de 690 días calendario. Sin embargo, el expediente técnico aprobado elevó el valor a S/ 91.4 millones. El consorcio a cargo, conformado por tres empresas, incluyó en su cálculo bonificaciones por altitud pese a que la obra se realiza entre los 2 375 y 2 385 metros sobre el nivel del mar. Es decir, por debajo del umbral legal que justifica este pago.

Además, el informe de control n.º 3962-2025-CG/GRAR-SCC advierte inconsistencias en la aplicación de la bonificación por riesgo de altura. Aunque esta debe aplicarse solo cuando hay peligro de caída libre, el expediente asigna el beneficio al 15% del personal, sin que el cálculo del ejecutor coincida con los parámetros de la normativa ni con los resultados de la comisión de control. Esto incrementa artificialmente el costo de la mano de obra.

También se detectó una duplicidad en los costos por el suministro de agua potable para los trabajadores. El líquido fue presupuestado tanto en el cálculo hora-hombre a S/ 0.80 como en una partida específica del presupuesto por un total de S/ 77 103 durante 16 meses. La Contraloría señala que esta doble asignación representa un mal uso de recursos y evidencia fallas de supervisión del proyecto.

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A pesar de estas observaciones, los responsables de la supervisión técnica del proyecto no advirtieron las deficiencias del expediente. Lo que permitió la validación de los sobrecostos. La Contraloría exhortó al Gobierno Regional de Arequipa a adoptar medidas correctivas inmediatas. Esto con el fin de evitar que estos montos se ejecuten y comprometan fondos públicos de forma irregular.