El abogado Juan José Santiváñez, censurado recientemente como ministro del Interior por el Congreso, ha sido reincorporado al aparato estatal tras ser designado como miembro del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Así se confirma en la resolución suprema N° 069-2025-IN publicada este 7 de mayo en el diario oficial El Peruano.
Este nuevo cargo se suma a la reciente designación de Santiváñez como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Desde allí gestiona la agenda de la presidenta Dina Boluarte y coordina acciones con entidades estatales sobre políticas nacionales. El exministro, cuya permanencia en el Gabinete duró apenas semanas, volvió así al entorno cercano del Ejecutivo a pesar de que el Parlamento lo censuró.
Según explicó el exministro del Interior Wilfredo Pedraza a La República, la función principal de Santiváñez en Sucamec será brindar asesoría política al superintendente de la institución. “El consejo se reúne una vez al mes y su papel es definir las políticas que ejecutará la jefatura de Sucamec. Habría que ver si también recibirá algún bono por esa función”, indicó Pedraza. Este remarcó que el puesto en Palacio sigue siendo el de mayor peso político.
El regreso de Santiváñez refleja la estrategia del Gobierno de Dina Boluarte de mantener a sus aliados en posiciones clave pese a los cuestionamientos. De acuerdo con el Registro de Contratación Directa del Despacho Presidencial, la oficina que ahora lidera el exministro puede contar con hasta seis funcionarios adicionales. Además tiene asignado un presupuesto anual que asciende a S/ 879.212.
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El nombramiento de Santiváñez ha generado críticas por parte de sectores que cuestionan el reciclaje de figuras políticas censuradas o salpicadas por la ineficiencia. No obstante, el Ejecutivo continúa consolidando un círculo de confianza donde los relevos institucionales parecen ignorar el peso de la desaprobación congresal o ciudadana. Reafirmando así su estilo de gobernabilidad basado en lealtades políticas antes que en consensos institucionales.
