La Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) también es blanco de contrataciones irregulares. Una grave denuncia pone en el ojo de la tormenta a la procuradora adjunta, Luz Amparo Begazo de Dávila. A la funcionaria se la acusa de favorecer la estabilidad laboral de sus locadores de servicios. Pero lo más delicado es que permitió la contratación de la hija de su secretaria.
Se trata de María Fernanda Atamari Loayza, quien sostiene un vínculo parental de primer grado con María Loayza Farfán. La referida servidora se desempeña como secretaria de Luz Amparo Begazo desde que asumió el cargo. Es decir, madre e hija trabajan en la misma oficina sin ningún tipo de impedimento. Lo más cuestionable es que Maria Atamari Loayza, obtuvo su primer contrato con la Procuraduría tan solo un mes después de haber obtenido su título profesional de administradora.
Con derechos ganados
Los indicios de un presunto favorecimiento saltan a la luz al descubrirse que Atamari Loayza superó un año de servicios ininterrumpidos en la entidad. La permisividad de la procuradora adjunta fue el asidero para que Atamari demande su reposición laboral ante el Poder Judicial, a través del expediente N° 6108-2024-0-0401-JR-LA-04. La medida interpuesta no se contestó dentro del plazo legal, generando aún más suspicacias sobre un favoritismo en detrimento de los intereses de la Procuraduría.
Otro elemento que levanta serias interrogantes es la variación en sus pagos. Por desempeñar las mismas funciones que otros locadores, su beneficio monetario fue incrementando. Primero percibió 6 mil soles en tres armadas, luego incrementó sus honorarios a 9 mil soles en dos armadas y al final se le pagó 5 mil soles en dos armadas. Es decir, desde su ingreso a las filas de la Procuraduría su remuneración se elevó en 500 soles.
Para más sospechas, el primer contrato de Atamari Loayza data de junio del 2023. El problema es que ella recién obtuvo su título profesional de administradora en mayo de ese mismo año. Es decir, tan solo acumulaba un mes de experiencia como profesional. ¿Cómo pudo ser contratada y ganar a otros que posiblemente tenían más expertis que la joven? ¿Suerte?
Si bien la procuradora Amparo Begazo no es responsable de la contratación de la hija de su secretaria, la institución que preside pudo prescindir de sus servicios antes de generarle derechos por sus labores continúas. El abogado especialista Jorge Sumari Buendía explicó a Revelación.pe que la actuación de la funcionaria en esta trama se considera una omisión de funciones.
“Hay un conflicto de intereses. La procuradora tenía conocimiento y ha callado para generarle un derecho a una servidora. Es una festinación del trámite, se le ha desnaturalizado el contrato. Es riesgoso porque (Amparo Begazo) fue negligente, eso se considera como omisión de funciones. Ella tuvo que haber pedido que se le corte el contrato”, señaló el especialista.
En tanto, el consejero Miguel Ángel Linares mantiene una postura similar, aunque descarta responsabilidad de la misma en su contratación. “Podría catalogarse como un tema de conflicto de intereses. Ella no contrata, pero le correspondía revisar si eran parientes o no y advertir los riesgos que implica la continuidad de sus servicios”, dijo.
Más casos
Este no es un caso aislado. Según la información recabada por este medio, existen al menos otros cuatro juicios recientes interpuestos por trabajadores de la misma Procuraduría. Los demandantes son Giovanny Christopher Recoba Martinez, Viviana Alejandra Diaz Valdivia y Joselyn Brisseth Lazarte Cuadros. Ellos también buscan su reposición tras superar el año de servicios bajo la modalidad de locación.
La omisión en defensa de los intereses del Estado por parte de la Procuradora Adjunta Luz Amparo Begazo de Dávila no solo constituye una falta ética grave, sino que podría acarrear responsabilidades legales y económicas. Revelación.pe acudió para pedir sus declaraciones, pero la funcionaria señaló que no tenía autorización para declarar sobre este tema.
Esta denuncia ya fue interpuesta por el ciudadano Edwin Martinez Concha a la Contraloría General de la República por indebida contratación de personal y nepotismo. El mismo caso se remitió al gobernador Rohel Sánchez, a fin de que se inicie un proceso administrativo disciplinario.
