El Congreso no alcanzó los votos necesarios para inhabilitar por diez años al expresidente Francisco Sagasti y al exministro del Interior Rubén Vargas. Ambos eran acusados de presunta infracción constitucional por los cambios en la cúpula de la Policía Nacional del Perú en 2020. Aunque la medida fue rechazada, el Parlamento sí aprobó remitir sus expedientes al Ministerio Público para iniciar procesos penales por presunto abuso de autoridad.
El caso de Sagasti fue debatido nuevamente en el Pleno tras meses de evaluación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La denuncia lo acusaba de vulnerar los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Constitución al aprobar, mediante resoluciones supremas, el pase al retiro de 19 altos mandos de la Policía Nacional sin sustento técnico aparente. Esta decisión se produjo en el contexto de las protestas que siguieron a la caída del efímero gobierno de Manuel Merino. Y fue interpretada por algunos sectores como un uso indebido del poder para reestructurar la institución policial.
La votación para inhabilitar a Sagasti no alcanzó los 66 votos requeridos por la normativa. Se registraron 61 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones. No obstante, se aprobó con mayoría simple una resolución que autoriza al Ministerio Público a iniciar un proceso penal en su contra. La figura legal invocada es la de presunto abuso de autoridad. Un cargo que se sustenta en la supuesta irregularidad de las decisiones tomadas durante su breve gestión presidencial.
Vargas también
Una situación similar se produjo con el exministro Rubén Vargas. Este también fue acusado de tener responsabilidad directa en los cambios promovidos en la Policía Nacional durante el mismo periodo. La propuesta para inhabilitarlo fue rechazada con 57 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones. Al no alcanzar los dos tercios requeridos, Vargas quedó exento de la sanción política. Aunque su expediente también será enviado al Ministerio Público para la posible apertura de un proceso penal por abuso de autoridad.
El Pleno también aprobó iniciar proceso penal contra otro exministro del Interior, José Élice, por su participación en la misma serie de cambios institucionales realizados durante la transición política de noviembre de 2020. La resolución, aprobada con 63 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones, incluye la remisión de su caso al Ministerio Público. Con estas decisiones, el Congreso opta por trasladar la responsabilidad del juicio a las instancias penales, luego de no conseguir los votos suficientes para imponer sanciones políticas.
