El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para Casos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa ordenó la excarcelación de Marcelo Córdova Monroy, exgerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), tras haber cumplido 42 meses de prisión preventiva sin que el Ministerio Público formulara una acusación formal ni solicitara una nueva medida coercitiva.
La jueza Janet Lastra Ramírez tomó la decisión al constatar que había vencido el plazo legal de la prisión preventiva dispuesta en octubre de 2021. Sin embargo, Córdova continuará siendo investigado por los presuntos delitos de cohecho pasivo, cohecho activo y peculado, en el marco del caso “Los Hijos del Cóndor”.
Las acusaciones
El Ministerio Público atribuye a Córdova haber ofrecido terrenos del proyecto Majes Siguas a funcionarios y consejeros regionales durante su gestión en Autodema. Esta entrega de beneficios se habría realizado a cambio de respaldo político al entonces gobernador regional Elmer Cáceres Llica. Como se recuerda también es investigado como presunto cabecilla de dicha organización criminal.
Las indagaciones apuntan a que Marcelo Córdova habría ofrecido terrenos del proyecto Majes Siguas a consejeros regionales a cambio de apoyo y protección política. En una conversación grabada, se le escucha solicitando el voto de una consejera para evitar su censura: «No quiero que te abstengas, nada (…). Yo quiero tu voto».
Además, se reveló que Córdova organizó un almuerzo con consejeros regionales antes de una sesión de interpelación en su contra. Según conversaciones del grupo de WhatsApp «7 amigos de Arequipa», los consejeros discutieron la interpelación mientras compartían comida y bebida. Posteriormente, Córdova los contactó para asegurar su apoyo.
También puedes leer: Ministros «zombi» vuelven al Gobierno pese a censuras e investigaciones
El ‘Kúntur’ seguirá encerrado
A diferencia de Córdova Monroy, Elmer Cáceres Llica continuará en prisión. El exgobernador cumple una sentencia condenatoria de seis años de pena privativa de libertad efectiva por el delito de colusión agravada, dictada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
Esta condena está vinculada a la compra irregular de 232 butacas para el coliseo municipal La Montera, en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma, cuando Cáceres Llica ejercía como alcalde entre 2011 y 2014. El fallo también incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
A pesar de que la defensa de Cáceres Llica ha interpuesto un recurso de casación ante la Corte Suprema, el fallo se encuentra en ejecución provisional. Por ello, el exgobernador permanece recluido en el penal de Socabaya mientras se resuelve la admisión del recurso en Lima.