Por Huber Valdivia Pinto. Asesor y Consultor
La actividad minera ha traído muchas satisfacciones económicas al país, aunque limitados resultados en algunos escenarios, como en el ámbito social. Reconocida es la presencia de la empresa privada para impulsar el desarrollo de una región. Pero en el caso particular de la minería no debe limitarse a pregonar el incremento de la demanda del cobre o de su precio.
La minería no solo es “negocio” para los inversionistas, sino también genera muchos beneficios para el país. Pero solo cuando ésta se desarrolla y con respeto al medio ambiente. Aunque los que se oponen a esta actividad también apelan a falsedades como: lluvia acida, contaminación del río Tambo, desaparición del Balneario de Mejía —por la contaminación los deshechos de la desalinización—, contaminación sonora por las explosiones, vientos cargados de deshechos y de polvo, invasiones de zonas ecológicas, exterminio de la vida silvestre en las Lomas de Cachendo, que la salmuera provoca la desaparición de micro flora y microfauna marina, etc. En otras palabras, se viene el apocalipsis.
El otro mito es el argumento de la “licencia social”. Término empleado con frecuencia por los antimineros a pesar de no existe en la normativa nacional minera. Además, señalan que debe existir un “permiso del pueblo o de la sociedad” para desarrollar un proyecto en torno a la minería o no. Neta posición ideológica.
Pero lo cierto es que en el mundo hay mucha tecnológica que reduce al mínimo cualquier contaminación.
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Ante la propuesta de emplear el agua del subsuelo, los antimineros esgrimen que se va agotar y desparecer la actividad agrícola. La actividad minera en el valle requiere de 8 MMC (millones de metros cúbicos), y cada año se pierden en el mar de 500 MMC. Además el potencial de agua subterránea del rio Tambo supera los 160 MMC. Cualquier uso luego es recargado por la enorme masa agua en época de avenidas.
Los órganos competentes de gobierno, central, regional y los municipios locales, son los responsables de sustentar y rebatir muchas de estas falsedades. En las cuales, insistimos, que los grandes beneficiarios somos todos los peruanos. Y es responsabilidad del gobierno alentar estas actividades, sin menoscabar el derecho de todo ciudadano de vivir en zonas libres de cualquier contaminación.
Consideramos que la empresa minera también debe desarrollar una adecuada estrategia comunicacional. No solo mencionando tareas de carácter social, que son importantes, pero no son suficientes en esta coyuntura. Hay que apostar por recortar la brecha de desigualdad económica en los pobladores del campo. No basta ésta “identificación” con las fiestas del pueblo, o en campañas escolares o alentando jornadas deportivas. Y también en apoyo no organizado de labores de limpieza de canales, fumigación, cosecha. Para eso están las vinculaciones formales con municipalidades y las Juntas de Usuarios.
La población requiere de mejoras en su bienestar. Para el desarrollo de una agricultura competitiva, acercándolo a nuevas tecnologías en el manejo de cultivos, brindarle asistenta técnica, fortalecer la asociatividad, apoyo en la postcosecha y transformación de sus productos. Amen de la identificación de mercados competitivos.
La conclusión es que el liderazgo debe tomarlo el MIDAGRI. No generar problemas con una región hermana como Moquegua, al estar anunciando represas sin estudios y con ideas de hace 60 años. Tampoco alentar represas en el Bajo Tambo, sin tomar en consideración técnicas y sociales.
