Los motores de las embarcaciones están apagados. Por cuarto día consecutivo, más de 140 pescadores artesanales del distrito de Atiquipa, en Caravelí, han paralizado sus faenas por temor a ser agredidos o asesinados. Denuncian que desde 2023, pescadores del distrito vecino de Yauca han invadido su zona de trabajo con el aval irregular del gobierno regional. La misma donde los de Atiquipa recolectaban algas, cochayuyo y lapa desde hace más de 30 años. La tensión ha escalado: han recibido amenazas de muerte, ataques físicos y hasta advertencias de sicarios.
Hace décadas que los pescadores artesanales de Atiquipa trabajan en la zona conocida como Agua Salada, a la altura del puente Caleta y Tanaka. Pagan sus permisos, conocen las mareas, crían generaciones al ritmo del mar. Pero desde hace un año, sus redes y sus faenas dejaron de ser solo trabajo: se convirtieron en terreno de disputa. Según Roger Flores, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Hidrobiológicos de Atiquipa, la llegada de pescadores del vecino distrito de Yauca ha desatado un conflicto que pone en riesgo su sustento y su integridad.
El permiso otorgado en agosto de 2023 por la Gerencia Regional de la Producción a la OSPA de Yauca ignoró los derechos preexistentes de los pescadores de Atiquipa. Flores acusa directamente al consejero regional Aron Maldonado de estar detrás de esa autorización irregular. No es la primera vez que el nombre de Maldonado aparece en el conflicto: en abril del año pasado fue declarado persona no grata en la zona por entregar personalmente una resolución que habilitaba a pescadores de Yauca a operar en el área en disputa.
Pero lo más grave ha venido después. Los pescadores aseguran que están recibiendo amenazas constantes. “Nos llaman, nos mandan mensajes, nos dicen que nos van a meter sicarios”, denuncia Flores. El último fin de semana, algunos fueron agredidos físicamente mientras trabajaban. Por eso, por miedo, por impotencia, llevan cuatro días sin entrar al mar. La economía de sus familias se hunde, mientras la gestión de Rohel Sánchez parece mirar hacia otro lado.
El martes 15 de abril, un grupo de pescadores decidió no esperar más. Viajaron más de ocho horas desde Caravelí hasta la ciudad de Arequipa para reunirse con el gerente regional de Producción, David Vela Quico. “No nos vamos sin solución. Y si el gerente no es capaz, que renuncie”, sentenció Flores. El mensaje es claro: están dispuestos a todo para defender lo que consideran suyo por derecho y por historia.
También te puede interesar: Pescadores denuncian retrasos en emisión de permisos
Desde la Gerencia Regional de Producción, Vela reconoció que el conflicto no es nuevo y que se arrastra desde hace más de 12 años. Anunció un cronograma para resolver el caso: un informe técnico-jurídico en mayo, opinión de las organizaciones sociales involucradas, y una decisión definitiva en julio. Pero los pescadores no confían. Ya han visto cómo se les ignora, cómo las resoluciones aparecen sin aviso, cómo su seguridad queda en segundo plano.
Mientras tanto, el mar sigue ahí. Vacío. Callado. Esperando que el gobierno regional decida si la costa de Atiquipa será escenario de desarrollo o de violencia.
