La imparcialidad en los procesos disciplinarios contra docentes de la región ya no existe. Y es que los directores de las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) de Arequipa, Roberto Carlos Marin Samayani (sector norte) y Luis Alberto Mansilla Calsina (sector sur), forman parte de la comisión especial que investiga faltas administrativas. Pero al mismo tiempo ambos tienen procesos abiertos que deberían ser tramitados por ellos mismos; es decir, son juez y parte. Obviamente, los casos han quedado dormidos.
Los funcionarios fueron nombrados como miembros de la Comisión Especial de Procesos Disciplinarios para Docentes (CEPADD), mediante la Resolución Gerencial Regional N° 3259, emitida el 5 de diciembre del 2024 por la gerente regional de Educación, Cecilia Jarita Padilla. El documento normativo designa a Roberto Marín como presidente titular y a su homólogo Luis Mansilla como presidente alterno (suplente).
Si bien al momento de su nombramiento en estos cargos no tenían denuncias internas formales, ahora que cargan cuestionamientos están impedidos de seguir en la CEPADD. Y es que de acuerdo a la Resolución Viceministerial N° 120-2024-MINEDU, se encuentran invalidados de integrar la la comisión aquellos servidores que cuenten con denuncias en trámite a nivel administrativo o penal, sobre delitos dolosos previstos en la ley N° 29988.
Investigado por omisión
Precisamente, Roberto Carlos Marín Samayani, director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Arequipa Norte, ahora afronta un proceso por omisión de funciones. La investigación se aperturó por no remitir información solicitada formalmente por el Consejo Regional de Arequipa (CRA).
La falta que se imputa radica en su inacción ante el Oficio N.º 107-2024-GRA/CR-MBAV de la consejera Marleny Arminta. En dicho documento, se requería la entrega de documentación relacionada con el proceso de contratación docente llevado a cabo durante el año 2024 en su jurisdicción. El legajo incluía el cuadro de méritos del concurso, informes detallados sobre la emisión de resoluciones de adjudicación de plazas y reportes exhaustivos sobre las plazas que quedaron vacantes. Así como información pertinente sobre las apelaciones y denuncias que pudieron haberse presentado durante el mencionado concurso.
Según lo estipulado en la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial, y la Ley N.º 27815, Código de Ética de la Función Pública, la omisión de la información requerida podría interpretarse como una vulneración a principios fundamentales como la probidad, la ética pública, la lealtad y la obediencia. En caso de confirmarse la responsabilidad del director en esta falta grave, las consecuencias podrían ser significativas. Lo que incluye una sanción de suspensión temporal del ejercicio de su cargo público por un periodo que podría oscilar entre uno y doce meses.
Lo curioso es que casi 10 meses después la CEPADD expidió la resolución que formaliza el procedimiento recién el pasado 18 de marzo de 2025, pese a que la Secretaría General del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) envió el caso el 31 de mayo del 2024 para el inicio de las diligencias administrativas. El presidente suplente Luis Mansilla Calsina dirige la investigación. No obstante, por la dilación de tiempo esta podría prescribir.
“En referencia a mi proceso lo lleva el suplente de la comisión. Asimismo, nosotros nos apartamos de todo mientras concluye el proceso”, señaló Roberto Marín a Revelación.pe. Sin embargo, no respondió sobre su situación como presidente de la comisión tras ser investigado administrativamente.
Acusado por Contraloría
El titular de la Ugel Sur, Luis Mansilla Calsina, tampoco se encuentra libre de polvo y paja. El informe de Control Específico N° 011-2024-2-4584-SCE, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), revela que el docente tuvo participación en la disposición de recursos públicos para contratar personal docente y prestación de mantenimientos a favor de una institución educativa privada. Este hecho irregular genera un perjuicio a la institución y afectó la transparencia, legalidad y buena administración de los fondos públicos.
De acuerdo al informe de la unidad contralora, en el 2022 se dispuso la contratación de cinco profesores y un auxiliar para la I.E.P. (Institución Educativa Particular) Galo Peruana. Luis Mansilla autorizó el informe técnico pedagógico en su calidad de jefe de área de Gestión Institucional de la Ugel Sur. Con su visto bueno, el entonces director Marco Salazar Gallardo remitió el legajo a la Gerencia Regional de Educación (GREA) para iniciar con la contratación.
También se destinaron 10 mil 460 soles para el mantenimiento preventivo y correctivo del privado, a pesar de no contar con un convenio vigente. Esto generó un perjuicio a la entidad educativa y dejó sin fondos para mantenimiento a otros colegios públicos con mayores urgencias en la provincia. Aún con estos indicios, todavía no se le ha aperturado ningún proceso administrativo.
El referido funcionario también carga sobre sus hombros una denuncia penal por negociación incompatible que obra en la Fiscalía Anticorrupción. Se le acusa de coludirse con la actual gerente Cecilia Jarita para ganar la plaza de director de la Ugel que no le pertenecía. Esto luego de sacar de carrera al ganador del concurso mediante la apertura de un proceso disciplinario extemporáneo. Nótese que dicho procedimiento también lo lleva la CEPADD que está integrado por el propio docente.
No responde
Este medio trato de comunicarse con Luis Mansilla Calcina para conocer la situación del proceso a punto de prescribir de su colega Roberto Marín. Al cierre de esta nota, no respondió las llamadas telefónicas ni los mensajes, pese a la insistencia por días seguidos.
Las investigaciones y acusaciones que ambos enfrentan, que incluso los inhabilitan para formar parte de dicha comisión según la normativa vigente, levantan suspicacias sobre la imparcialidad con la que se podrían abordar los casos de otros docentes. La lentitud en el proceso contra el director de la Ugel Norte y la falta de inicio de un proceso administrativo contra el director de la Ugel Sur, a pesar de las graves acusaciones de la Contraloría y la Fiscalía, profundizan la preocupación sobre la posible obstrucción de la justicia y la falta de rendición de cuentas en el sector educativo regional.
