A partir del 22 de abril, los familiares de congresistas podrán contratar con cualquier entidad pública, excepto el Congreso, según lo establecido en la Ley 32069, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de junio de 2024. Esta norma modifica la Ley 30225 y fue aprobada en el Congreso con 91 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones.
Durante el debate legislativo, los congresistas dedicaron casi hora y media a discutir la modificación del artículo 30, que regula los impedimentos para contratar con el Estado. La nueva norma reemplaza la prohibición general por una restricción específica al ámbito de competencia del Congreso. Además, reduce de doce a seis meses el plazo de impedimento para la contratación estatal tras dejar el cargo.
En su momento, el congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial) cuestionó la norma y sostuvo que esta medida afecta derechos: «Si uno mira lo que se está proponiendo en el artículo 30 de la propuesta del Ejecutivo, viola los derechos humanos porque restringe, limita, castra el derecho que tienen los familiares de algunos funcionarios». También advirtió que se estigmatizará a los parientes directos de los legisladores.
En defensa de la modificación, la congresista Tania Ramírez (Fuerza Popular) argumentó: «¿Por qué esa restricción? Si bien es cierto tenemos un alto cargo, una alta investidura, pero cuando se culmine el plazo no somos lo que fuimos en esos 5 años o lo que fuese».
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Debate inconcluso
La ley ha generado controversia en diversos sectores. Según especialistas consultados por el programa Cuarto Poder, la eliminación del impedimento general podría abrir la puerta a casos de nepotismo y corrupción. Advirtieron que la norma reduce los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos y permite que se pueda contratar familiares en regiones donde estos ejercen representación.
Hasta el 22 de abril, la normativa vigente impide que los congresistas y sus parientes contraten con el Estado en cualquier proceso de contratación mientras ejercen el cargo y hasta un año después. La nueva norma modifica este punto y establece que el impedimento solo aplica dentro del Congreso, permitiendo la contratación en ministerios, gobiernos regionales y municipios.
El Ejecutivo aún no ha anunciado si tomará medidas para revertir o modificar esta disposición. Mientras tanto, la Ley 32069 ya está reglamentada y lista para su implementación.
