La crisis política en el Ejecutivo se agudizó este martes 17 de marzo tras la renuncia de Denisse Miralles, quien permaneció solo 21 días en el cargo en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), apenas un día antes de que su gabinete se presentara ante el Congreso de la República, para solicitar el voto de confianza.
La salida se produjo en un contexto complicado, marcado por el anuncio de varias bancadas que adelantaron su rechazo a la investidura. Con ello, el Gobierno evitó exponerse a una posible negativa parlamentaria que habría profundizado la inestabilidad política.
Tras la renuncia, se esperaba que la nueva juramentación se realizara en las primeras horas de la tarde; sin embargo, esta se retrasó. Finalmente, el presidente José María Balcázar tomó juramento al general en retiro Luis Enrique Arroyo Sánchez, como nuevo jefe del gabinete ministerial.
En su primer pronunciamiento, el premier afirmó que asume el cargo con “profundo sentido de responsabilidad”, en un momento que calificó como decisivo para el país. Asimismo, aseguró que el nuevo gabinete es un “equipo sólido” y que su gestión priorizará la estabilidad económica, política y social, especialmente a pocas semanas de las elecciones generales.
UN ARROLLO DE ANTECEDENTES
No obstante, la designación de Arroyo Sánchez ha generado fuertes cuestionamientos debido a sus antecedentes judiciales en el fuero militar.
En febrero de 2022, la Sala Suprema de Guerra lo condenó por el delito de “exceso en el ejercicio del mando”, sentencia que posteriormente fue confirmada por una instancia revisora. El caso está relacionado con presuntas irregularidades en el pago de propinas a denominados “soldados fantasmas” cuando se desempeñaba como comandante de una división del Ejército en Iquitos.
La condena incluyó tres años de prisión efectiva, el pago de 180 días multa, una reparación civil de 10 mil soles a favor del Ejército Peruano y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
En enero de 2023, su defensa intentó revertir la sentencia mediante un recurso de revisión, alegando la existencia de nuevas pruebas. Sin embargo, la instancia judicial, declaró improcedente el pedido al considerar que los argumentos presentados carecían de precisión y sustento, calificándolos como “genéricos, vagos e imprecisos”.
En octubre de 2024, el Tribunal Constitucional rechazó un recurso de agravio institucional presentado por su defensa; sin embargo, el proceso en la jurisdicción militar siguió un curso diferente.
La Sala Suprema del Fuero Militar Policial declaró fundado un nuevo recurso de revisión que dejó sin efecto la sentencia anterior contra el general, absolviéndolo de toda responsabilidad penal y del pago de reparación civil. Con esta decisión, el caso quedó cerrado en dicha jurisdicción.
ADVERTENCIAS IGNORADAS
Según fuentes, el proceso de nombramiento del nuevo premier no estuvo exento de controversia. El anuncio oficial del gabinete sufrió un retraso de más de tres horas debido a tensiones internas en el Ejecutivo.
Trascendió que, minutos antes de la juramentación, el presidente Balcázar recibió información detallada sobre la sentencia de Arroyo y los riesgos legales y políticos de su designación. Incluso, se habrían enviado documentos y advertencias directas a través de mensajes. Pese a ello, el mandatario decidió continuar con el nombramiento, asumiendo el costo político en medio de una coyuntura marcada por la fragilidad del Gobierno.
“REPARTIJA Y REACCIONES”
El congresista arequipeño Jaime Quito cuestionó la juramentación de Luis Arroyo Sánchez como nuevo presidente del Consejo de Ministros, calificando el cambio como una “repartija” de intereses mezquinos entre grupos políticos que buscan acomodarse a cambio de beneficios.
En declaraciones a Diario Revelación, sostuvo que el nuevo gabinete no representa una verdadera renovación, sino la continuidad de las mismas prácticas, utilizando la expresión “moco por baba” para evidenciar que no existe un cambio real en la conducción del Ejecutivo.
En cuanto al impacto en Arequipa, Quito afirmó que la actual crisis política “no afecta en absolutamente nada” a la región, al señalar que el país se encuentra en “piloto automático” y sin capacidad de control efectivo sobre las grandes empresas. En esa línea, criticó la Constitución vigente por limitar la intervención del Estado y calificó a entidades como Indecopi y Osinergmin como una “pantalla”.
Asimismo, este medio de comunicación, entrevistó a la congresista Diana Gonzales, quien se pronunció sobre este escenario nacional, tras la reciente renuncia de la premier Miralles, calificándola como una señal de inestabilidad política. “Es una muestra clara de la improvisación que caracteriza a la izquierda cuando llega al poder”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el gabinete “nació débil porque fue fruto de la repartija de poder” y no de un equipo técnico con un plan de gobierno definido. Además, cuestionó los acuerdos políticos que habrían dado origen al Ejecutivo.
Gonzales remarcó que la actual situación refleja “improvisación, crisis y falta de liderazgo”. Finalmente, indicó que su bancada evaluará al nuevo premier, pero dejó en claro que “Avanza País no forma ni formará parte de ninguna repartija de ministerios”.
VOTO DE CONFIANZA
Queda pendiente definir una nueva fecha para la presentación de la cuestión de confianza, en la que se expondrá la política general del Gobierno. La salida de Miralles habría respondido a la falta de respaldo en el Congreso, dejando a Arroyo Sánchez la tarea de recomponer los vínculos políticos y lograr el apoyo de las bancadas.
