La compra de 100 patrulleros para la Región Policial de Arequipa, adjudicada por S/ 18.1 millones a la empresa Maquinarias S.A., continúa generando cuestionamientos. Lo que fue anunciado por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), como una medida clave para reforzar la seguridad ciudadana ahora enfrenta críticas debido a que las unidades llegarán sin radios de comunicación instalados, ni cámaras de vigilancia; herramientas consideradas esenciales para el patrullaje moderno y la supervisión de las intervenciones policiales.

El proyecto contempla la adquisición de camionetas con un equipamiento mínimo, como son; jaula antivuelco, sirena policial y barra de luces. Sin embargo, no incluye sistemas tecnológicos básicos para la coordinación operativa, ni para registrar procedimientos policiales, lo que ha despertado dudas sobre la capacidad real de estos vehículos para responder a las necesidades actuales de seguridad ciudadana.

A ello se suma un elemento aún más preocupante. No existe certeza de que el Ministerio del Interior cuente con los recursos necesarios para completar el equipamiento que falta, limitando a que los vehículos puedan ser utilizados de inmediato o que requieran una segunda inversión pública a mediano plazo, para recién estar plenamente operativos.

Características que el GRA requirió a la empresa que la ganó la buena pro.

GENERAL PNP LO CONFIRMA

El jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Antonio Alfredo La Madrid Aliaga, confirmó que los 100 patrulleros adquiridos por el GRA, no contarán con radios de comunicación instalados ni con cámaras internas o externas.

Según explicó, las unidades solo tendrán equipamiento básico debido a que procesos anteriores para adquirir vehículos con mayor tecnología fracasaron en reiteradas oportunidades, lo que llevó a optar finalmente por una versión con características mínimas.

General PNP Antonio Alfredo La Madrid Aliaga, jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa.

“Lamentablemente el equipamiento es el básico. Anteriormente se había quedado con unidades full equipo, pero ese proceso se cayó hasta en tres oportunidades y hoy se ha solicitado solamente el tipo básico”, sostuvo el jefe policial.

Frente a la ausencia de radios integrados en los vehículos, el general señaló que la comunicación durante los operativos se realizará mediante radios portátiles que actualmente posee la institución. “Nosotros tenemos más de 200 radios operativas. Eso va a suplir una radio por vehículo, por lo que no va a haber inconveniente para cubrir los 100 patrulleros”, indicó.

Sin embargo, el propio jefe policial reconoció que las unidades no contarán con sistemas de videovigilancia que permitan registrar intervenciones policiales, una herramienta cada vez más utilizada para supervisar operativos, prevenir abusos y registrar evidencia. “Respecto a las cámaras de video, lamentablemente no va a ser posible porque no cuentan con ese equipamiento”, precisó.

La ausencia de estos sistemas tecnológicos ha generado preocupación entre especialistas y autoridades locales, ya que limita la capacidad de supervisión de las intervenciones policiales y la recopilación de evidencia durante operativos.

FINANCIAMIENTO EN DUDA

El consejero regional César Huamantuma cuestionó que la compra haya sido presentada públicamente como una adquisición de patrulleros completamente operativos, cuando en realidad los vehículos requieren equipamiento adicional para cumplir adecuadamente su función policial.

Según explicó, hasta el momento no existe información clara sobre si el Ministerio del Interior tiene asignado presupuesto para implementar los radios, cámaras y otros sistemas tecnológicos que faltan. “No sabemos si el Ministerio del Interior tiene los recursos para complementar todo lo que les falta y puedan ser usadas cumpliendo su rol”, advirtió.

El consejero también expresó preocupación por el tiempo que podría tomar en completar ese equipamiento y planteó una interrogante que refleja la incertidumbre que rodea el proyecto. “¿Cuánto tiempo se tardará la policía o el Ministerio del Interior en hacerlo? ¿Tienen presupuesto para hacerlo? ¿O vamos a comprar los vehículos para que simplemente se vayan a guardar a un taller y recién de acá a unos meses puedan ser usados?”, cuestionó.

Huamantuma, también pidió la intervención de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público para revisar las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de contratación.

Consejero regional por Arequipa, Cesar Huamantuma Alarcón.

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA GANADORA

Las dudas sobre el proceso de compras de patrulleros, también se alimentan de antecedentes recientes vinculados a la empresa adjudicataria que gano la buena pro con el Gobierno Regional de Arequipa.

Una investigación periodística de Cuarto Poder de setiembre de 2025, reveló que el Gobierno Regional de La Libertad, adquirió 100 patrulleros a la empresa en cuestión, como es Maquinarias S.A. por S/ 17 millones 880 mil, mientras que el Gobierno Regional de Áncash un día después, compró también un lote de vehículos del mismo modelo y especificaciones a la misma empresa, por S/ 14 millones 425 mil.

La diferencia superó los S/ 3.4 millones, generando cuestionamientos sobre un presunto sobrecosto en la operación.

Aunque las autoridades justificaron, que el mayor precio que pago la gestión de ese entonces de Cesar Acuña, como gobernador de La Libertad, que incluía servicios adicionales como mantenimiento extendido y monitoreo satelital, análisis posteriores indicaron que dichos servicios no superaban los S/ 1.85 millones, dejando una brecha económica sin explicación clara.

Estos antecedentes han vuelto a poner bajo la lupa a la empresa Maquinaria S.A, por esta nueva venta de patrulleros para la PNP, que en tres oportunidades y mostrando una gran insistencia, logró obtener la buena pro, para cerrar el negocio.   

Gobierno Regional La Libertad adquiere 100 camionetas de Maquinarias S.A.

COMPARACIÓN CON EL PRECIO DEL MERCADO

Otro punto que genera cuestionamientos es el costo unitario de los vehículos adquiridos en la licitación regional. El contrato asciende a S/ 18.1 millones por 100 camionetas, lo que equivale aproximadamente a S/ 181 mil por patrullero o vehículo.

Sin embargo, una consulta realizada por Diario Revelación a un asesor comercial de Nissan reveló que una Nissan Frontier 4×4 modelo 2026 full equipo, equipada con cámara 360°, sistemas avanzados de seguridad y transmisión automática, se ofrece actualmente en US$ 45,990, equivalente aproximadamente a S/ 157,285 al tipo de cambio del concesionario.

Diario Revelación se contacto con un asesor de venta de vehículos.

Incluso versiones con transmisión mecánica, similares a las utilizadas para patrullaje policial, presentan precios menores. De acuerdo con la misma fuente comercial, una versión base 4×4 bordea los US$ 38 mil, mientras que una versión intermedia alcanza aproximadamente los US$ 42,500.

Si se compara el valor de mercado con el precio pagado en la licitación regional, la diferencia supera los S/ 23 mil por unidad, lo que en un lote de 100 camionetas podría representar más de S/ 2.3 millones adicionales.

Modelo de la camioneta que adquiría el GRA.

ESPECIALISTA ADVIERTE “IRRESPONSABILIDAD FUNCIONAL”

A las críticas por el equipamiento limitado se suman advertencias de especialistas sobre posibles fallas en la planificación del proceso. El abogado Jorge Sumari Buendía, especialista en Gestión Pública y actual decano del Colegio de Abogados de Arequipa, señaló que lo ocurrido podría configurar una “irresponsabilidad funcional” por parte de los funcionarios que participaron en la formulación y evaluación del proceso.

“Si no se establecieron esas características desde el inicio, entonces lo que se está comprando es un vehículo cualquiera que después tendrá que ser acondicionado para que pueda funcionar como patrullero. Eso implica que se tendrá que invertir nuevamente dinero público para completar el equipamiento”, explicó.

Sumari precisó que en este tipo de procesos la responsabilidad recae inicialmente en el área usuaria que formula el requerimiento y en el comité encargado de validar las bases técnicas, quienes deben garantizar que el expediente incluya todos los requisitos necesarios para cumplir la finalidad del proyecto.

Para el especialista, si el proceso no contempló estos elementos técnicos fundamentales, se estaría frente a una planificación deficiente que podría terminar generando un gasto adicional para el Estado y retrasar la implementación de medidas urgentes de seguridad.

Especialista en Gestión Pública y abogado Jorge Sumari Buendía.

UNA COMPRA QUE DEJA MÁS DUDAS QUE RESPUESTAS

El proyecto fue presentado por el Gobierno Regional de Arequipa, como una respuesta inmediata frente al aumento de la inseguridad ciudadana. Sin embargo, las observaciones sobre el equipamiento limitado de los vehículos, las diferencias de precio con el mercado y los antecedentes de la empresa adjudicataria han puesto el proceso bajo una ola de cuestionamientos.

Mientras las unidades aún deben pasar por etapas administrativas antes de su entrega, el debate ya está abierto; ¿podrán operar realmente cuando lleguen o quedarán incompletas a la espera de un presupuesto que nadie ha confirmado?

Hasta ahora, no existe una respuesta clara sobre quién financiará el equipamiento faltante ni cuánto tiempo tomará implementar las radios, cámaras y otros sistemas tecnológicos.

Sin esa información, una inversión de más de 18 millones de soles, destinada a reforzar la seguridad ciudadana, corre el riesgo de convertirse en una compra que no garantiza un patrullaje efectivo de manera inmediata y con las herramientas necesarias para luchar contra la delincuencia, y donde el agente policial solo se limitaría a actuar como siempre lo ha ido haciendo.

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