A menos de ocho meses de las elecciones regionales y municipales 2026, diversas organizaciones políticas estarían ya comenzando a cobrar tasas a quienes desean postular a cargos de gobernador, alcaldes o regidores.
Aunque este tipo de cobros suele justificarse como parte de la organización interna de los partidos, especialistas advierten que también puede convertirse en un mecanismo para recaudar dinero antes de la campaña.
Además, existe preocupación por el origen de algunos recursos, ya que los pagos podrían provenir de financiamiento irregular o incluso de actividades ilegales. Analistas sostienen que, sin controles más estrictos, las tiendas políticas podrían aprovechar el proceso electoral para generar un “colchón económico” previo a la campaña.
PERÚ PRIMERO O PLATA PRIMERO
Información de fuente propia y chats, al cual tuvo acceso Diario Revelación, revela que el partido político Perú Primero que impulsó el ex presidente de la república, Martin Vizcarra, ya puso una tarifa que llama mucho la atención, el cual se evidencia en la siguiente imagen:
Asimismo, según un Comunicado Oficial de dicha agrupación, señala el cumplimiento de presentar requisitos exigidos por el partido para la inscripción de candidaturas, con el pago de tasas de Participación, según la Resolución 002-2026-PPPP y que dicho pago se realiza directamente a la cuenta del Partido Político Perú Primero, siendo la fecha límite de entrega el 16 de marzo.
Ante consultas sobre el tema, representantes vinculados a la organización señalaron que la información debe ser aclarada por la dirigencia nacional. Sergio Dávila Vizcarra, quien es el coordinador regional en Arequipa y a la vez candidato al senado por Perú Primero, se hizo el desentendido y desconoció saber algo de la resolución.
“Tendría que llamar a Lima para que te expliquen. Hay un secretario general en Lima, que es el señor César Tijeredo. Yo te agradecería que le consultes a él; porque yo como tal no soy participante de la campaña regional y municipal, por lo tanto, no manejo ninguno de estos datos”, señaló.
¿ES LEGAL O ES FORMAL ESTOS PAGOS?
Una vez más vuelve el debate sobre los montos que algunos partidos políticos solicitan a quienes desean postular a cargos como alcaldes o regidores. Aunque la práctica genera cuestionamientos, no necesariamente constituye una infracción legal.
El presidente del Instituto Peruano de Asuntos Jurídicos (IPAJ), Ioanis Gonzales, explicó que estos pagos suelen justificarse como derechos de inscripción dentro de las propias normas internas de las organizaciones políticas. “No es normal, pero no está prohibido, porque no te cobran por ser candidato, lo que te cobran supuestamente es por derecho a inscripción”, señaló.
Añadió que mientras el cobro esté contemplado en los estatutos del partido, no existe impedimento legal. “Si lo pones dentro de sus estatutos, pues está bien… entonces no hay ninguna norma que lo prohíba”, precisó.
En el actual escenario electoral, algunos partidos políticos estarían exigiendo cuotas obligatorias a sus precandidatos para formar parte de las listas. Estos aportes pueden alcanzar hasta los S/ 20,000 por los llamados “paquetes de listas regionales”, esta práctica abre un debate sobre la legalidad y la ética en el financiamiento de las organizaciones políticas.
EMPRESAS POLÍTICAS
Desde el ámbito legal, el experto en temas electorales José Villalobos sostiene que este mecanismo no constituye necesariamente una irregularidad. Explica que los partidos políticos son asociaciones privadas y, por lo tanto, cuentan con autonomía para establecer sus propias normas internas. En ese sentido, señala que los recursos recaudados sirven para financiar las campañas, ya que el proselitismo requiere fondos para movilización, propaganda y organización.
Villalobos agrega que el problema aparecería únicamente si se demuestra que el dinero entregado por los precandidatos es utilizado para beneficio personal de algún dirigente y no para los gastos de campaña.
Sin embargo, el sociólogo José Luis Ramos cuestiona esta práctica. A su juicio, cuando se cobra por la posibilidad de postular, el partido termina funcionando como una empresa privada.
El debate también abre interrogantes sobre el destino final de estos aportes. Surge la preocupación de que estos montos puedan convertirse luego en pagos de favores políticos, cuando autoridades electas prioricen intereses particulares sobre el bienestar público.
DEBEN DECLARAR SUS APORTES
Consultado con un especialista en ciencia política y asesor en campañas electorales, cuyo nombre esta vez no ventilaremos, señala que, aunque los partidos políticos deben reportar sus ingresos y gastos ante los organismos electorales, en la práctica existirían mecanismos informales de financiamiento que no siempre se registran oficialmente.
“Para nadie es un secreto que se presuma que hay doble contabilidad en las organizaciones políticas”, explicó. Según indicó, una de estas corresponde a la que se presenta ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde se consignan aportes permitidos por la ley y los gastos visibles en la vía pública, como propaganda y actividades proselitistas.
Sin embargo, advirtió que también podría existir una contabilidad paralela que no es declarada. “Lamentablemente hay una segunda contabilidad, que es aquella que no se declara, ingresos financieros que no guardan coherencia legal con la normatividad de la materia”, sostuvo.
El especialista agregó que, en los casos más graves, estos recursos pueden provenir de entornos vinculados al poder político o económico. “En el peor de los casos es producto de la ilegalidad que tiene su origen en actos de corrupción de quienes operan en los entornos de poder, proveedores, constructoras u otros que buscan asegurar favorcitos de las autoridades de turno”, afirmó.
A su juicio, esta situación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia del financiamiento político, especialmente en campañas locales donde los controles suelen ser más limitados.
A medida que se acercan los procesos electorales en el país, vuelve a surgir el debate sobre los altos costos que enfrentan los candidatos para postular a cargos municipales, como alcaldías o regidurías, y la transparencia en el financiamiento de las campañas.
