El prolongado conflicto legal por la construcción del campus de la Universidad Continental en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero ha entrado en una etapa decisiva. La Corte Suprema de Justicia de la República en setiembre del 2022, declaró improcedente el recurso de casación presentado por la casa de estudios, con lo cual quedó firme la sentencia que anula las licencias de construcción y los parámetros urbanísticos otorgados para el proyecto.
La decisión judicial correspondiente a la Casación N.º 26237-2021, establece que el recurso presentado por la universidad no cumplía con los requisitos procesales exigidos por el Código Procesal Civil, por lo que no podía ser admitido. Con ello, el fallo adquiere calidad de cosa juzgada, lo que otorga a la municipalidad distrital la base legal para ejecutar medidas administrativas, incluida la eventual demolición de la infraestructura.
El alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra Black, sostuvo que la comuna ha ganado el proceso judicial en todas sus instancias y que la universidad estaría recurriendo a nuevas acciones legales para retrasar la ejecución de la sentencia.
“Lo único que están haciendo es dilatar. Seguramente están esperando que el nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano sea el salvavidas que lo saque de estas demandas”, declaró la autoridad edil al referirse a la acción de amparo presentada por la institución ante el Tribunal Constitucional.
UN DESBORDE QUE DESTAPO PROBLEMAS
La controversia se remonta a la construcción del campus universitario, la cual inicio en noviembre del 2016, en un terreno que, según la municipalidad, estaba destinado originalmente a parque zonal dentro de la campiña arequipeña, lo que habría vulnerado la normativa urbanística vigente.
Sin embargo, el debate sobre la legalidad de la obra se ha intensificado tras los recientes eventos climáticos registrados en la ciudad. Durante las lluvias de febrero, el desborde de la torrentera Los Incas provocó una emergencia que dejó a cientos de estudiantes atrapados dentro del campus.
De acuerdo con el reporte presentado por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa (COER), alrededor de 300 alumnos quedaron aislados tras el ingreso del huaico a la zona universitaria. El rescate fue realizado por brigadas de los Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y otras instituciones de respuesta.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo inició un seguimiento al caso para evaluar las condiciones de seguridad del campus y las acciones adoptadas por las autoridades locales.
La jefa de la oficina Defensorial en Arequipa, Andrea Sarayasi, confirmó que se abrió un expediente reciente sobre el tema tras una supervisión realizada en el distrito. “Tenemos abierto un caso reciente a la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero respecto de las acciones que viene realizando en cuanto a la universidad y la situación de exposición de alumnos cuando ingresa la torrentera”, señaló.
La funcionaria explicó que el caso se inició luego de la reunión de la plataforma regional de emergencia realizada el 19 de febrero, en la que las autoridades reportaron el incidente ocurrido en el campus.
SE DEFIENDE
Por su parte, la universidad sostiene que el campus fue construido respetando los parámetros urbanísticos vigentes y asegura que la gestión de las torrenteras corresponde a las autoridades públicas. Su gerente general en Arequipa, Thomas Silva, afirmó en una radio local, que existe incluso un expediente técnico aprobado desde 2015 para la construcción de un muro de contención en la torrentera Los Incas.
Mientras tanto, la municipalidad insiste en que la sentencia judicial debe ejecutarse y que el destino del edificio dependerá de las decisiones administrativas que se adopten en adelante. “Nosotros no queremos perjudicar a los estudiantes ni interrumpir las clases. La universidad puede seguir funcionando académicamente, pero la infraestructura construida de manera ilegal tendrá que resolverse conforme a la ley”, enfatizó el alcalde Zegarra.
El caso se mantiene ahora en un punto crítico: entre la seguridad de los estudiantes, el cumplimiento de la sentencia judicial y el futuro de una de las infraestructuras educativas más grandes de la ciudad.
