Por: Lic. Julio Huaynasi Mamani. Director de Diario Revelación.pe
La administración de los recursos públicos es uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento del Estado. Cada sol que se ejecuta proviene del esfuerzo de millones de ciudadanos que contribuyen mediante impuestos y tributos. Por ello, el manejo de estos fondos exige no solo transparencia, sino también responsabilidad, eficiencia y estricto respeto al marco legal.
En el sector público existen diversas modalidades de contratación que permiten a las instituciones del Estado cumplir con sus funciones. Estas se encuentran reguladas por normas específicas que establecen quiénes pueden acceder a estos beneficios, bajo qué condiciones y con qué responsabilidades. Cuando dichas contrataciones se realizan respetando la ley, se convierten en herramientas legítimas para fortalecer la gestión pública y garantizar la continuidad de los servicios.
No se trata, como muchas veces se pretende instalar en el debate público, de cuestionar indiscriminadamente a quienes prestan servicios al Estado bajo mecanismos contractuales legalmente establecidos. Por el contrario, cuando un profesional o trabajador accede a un contrato cumpliendo los requisitos normativos, su participación contribuye al funcionamiento de las instituciones y al cumplimiento de políticas públicas que benefician a la población.
El problema surge cuando el uso de estos recursos se desvía de su propósito original. La falta de control, la improvisación administrativa o el uso político de las contrataciones terminan debilitando la confianza ciudadana en las instituciones. En esos casos, el daño no solo es económico, sino también institucional, porque erosiona la legitimidad del Estado.
Por ello, es indispensable que las entidades públicas refuercen sus mecanismos de supervisión y evaluación. La transparencia en la contratación, la rendición de cuentas y la vigilancia de los órganos de control deben ser prácticas permanentes y no respuestas tardías ante escándalos o cuestionamientos.
