El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, figura central del régimen de Alberto Fujimori durante la década de 1990, podría quedar en libertad luego de que el Sexto Juzgado Constitucional de Lima declarara fundada en parte una demanda de hábeas corpus presentada por su defensa.
La resolución fue emitida por la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, quien dispuso declarar nulas las resoluciones emitidas por la Tercera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, relacionadas con el cómputo de las condenas que pesan sobre el exjefe de facto del desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
El fallo ordena que se emita un nuevo pronunciamiento judicial respecto al cálculo de las penas acumuladas que cumple Montesinos, al considerar que existe la posibilidad de que varias de ellas ya hayan sido compurgadas hace varios años.
Esta decisión judicial no implica una liberación inmediata, pero abre la puerta a que el Poder Judicial revise nuevamente el tiempo de prisión efectiva que ha cumplido el exasesor presidencial.
EL CÓMPUTO DE LAS CONDENAS
La defensa de Montesinos argumentó que el cálculo de sus sentencias no se realizó correctamente y que, de acuerdo con el tiempo de prisión cumplido desde su captura en 2001, el exfuncionario ya habría superado el período total de reclusión correspondiente a varias de sus condenas.
El juzgado constitucional consideró que el derecho a la libertad personal y al debido proceso exige que el cómputo de las penas sea revisado de manera adecuada, por lo que ordenó a la Corte Suprema emitir una nueva resolución que determine con precisión la situación legal del exasesor.
Actualmente, Montesinos cumple condena en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, donde también permaneció recluido el expresidente Alberto Fujimori durante varios años.
EL HOMBRE FUERTE DEL RÉGIMEN FUJIMORISTA
Montesinos fue considerado el principal operador político y de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Desde el Servicio de Inteligencia Nacional ejerció un amplio control sobre instituciones del Estado, incluyendo sectores militares, judiciales y políticos.
Su caída se produjo en el año 2000, cuando se difundieron los llamados “vladivideos”, grabaciones que mostraban cómo entregaba dinero a congresistas y funcionarios para asegurar apoyo político al régimen.
El escándalo desencadenó una de las mayores crisis políticas en la historia reciente del Perú, que terminó con la caída del gobierno fujimorista y la fuga de Montesinos del país.
CONDENAS POR CORRUPCIÓN Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tras ser capturado en Venezuela en 2001 y extraditado al Perú, Montesinos fue procesado por numerosos delitos, entre ellos corrupción, tráfico de armas, lavado de activos, peculado y violaciones a los derechos humanos.
A lo largo de más de dos décadas, el exasesor presidencial acumuló más de veinte condenas judiciales, muchas de ellas vinculadas a la compra irregular de armamento, el pago de sobornos a políticos y empresarios, así como la participación en operaciones ilegales de inteligencia.
Diversos procesos también lo vincularon con graves casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto interno, entre ellos los relacionados con el Grupo Colina, escuadrón clandestino responsable de ejecuciones extrajudiciales en la década de 1990.
UN POSIBLE NUEVO ESCENARIO JUDICIAL
La reciente resolución del juzgado constitucional viene generado expectativa y controversia en el ámbito político y judicial, debido al peso histórico de Montesinos en la crisis institucional que vivió el país a inicios de siglo.
El siguiente paso dependerá de la decisión que adopte la Corte Suprema al revisar nuevamente el cómputo de sus sentencias. Si se determina que las penas ya fueron cumplidas, el exasesor podría solicitar su excarcelación.
Por ahora, el caso vuelve a colocar en el centro del debate público la figura de uno de los personajes más polémicos de la política peruana contemporánea.
