Tras la publicación de diario Revelación.pe, sobre la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la vía departamental Ruta AR-109”, más conocida como la carretera Majes–Huambo, el cual presentaría un desfase entre el avance financiero (50.6 %) y físico del proyecto (27.51%), varios consejeros regionales solicitaron la inmediata intervención de la Contraloría General de la República (CGR) debido a estas presuntas irregularidades.

César Huamantuma, consejero por Arequipa, advirtió que más del 50% del presupuesto ya habría sido devengado, mientras el avance físico no superaría el 30%. “El (posible) riesgo es que la empresa abandone la obra y luego inicie un arbitraje, como ya ha ocurrido en otros proyectos”, señaló. Asimismo, cuestionó la falta de supervisión externa y alertó sobre daños recientes en tramos asfaltados. “Se han ejecutado trabajos sin las condiciones mínimas, lo que hoy se evidencia con afectaciones por las lluvias”, afirmó.

Consejeros Cesar Huamantuma y Yesenia Choquehuanca.

En la misma línea, la consejera por Caylloma, Yesenia Choquehuanca, indicó que solicitarán información detallada a la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI). “Debe existir una justificación técnica y legal para estas decisiones. Vamos a ejercer nuestra función de fiscalización”, sostuvo. No obstante, destacó la importancia de la vía para más de 130 mil habitantes de la provincia de Caylloma y sus distritos como Majes, Huambo y Lluta, por su impacto en conectividad y turismo.

Por su parte, el gerente regional de Infraestructura, Fabián Enríquez, en un video difundido en la página oficial del GRA, se defendió y dijo que la alerta del portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) responde a un desfase habitual al inicio de obras. “Se debe a los adelantos contractuales, que pueden representar hasta el 30% del monto total; luego se equilibran con el avance físico”, precisó.

Cabe precisar que actualmente, la obra se encuentra suspendida por lluvias. Sin embargo, se insiste en que la Contraloría evalúe el proyecto para descartar irregularidades y garantizar el adecuado uso de los recursos públicos para beneficio de la población.

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