La investigación por la trágica muerte de la deportista peruana Lizeth Marzano, quien falleció tras ser atropellada el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro, continúa generando avances, controversias y exigencias de justicia por parte de familiares, autoridades y la sociedad civil.
Marzano, reconocida seleccionada nacional de apnea y multicampeona en esa disciplina, fue embestida por un vehículo mientras realizaba una rutina de entrenamiento en la cuadra 8 de la av. Camino Real alrededor de las 11:30 p. m. El conductor, identificado como Adrián Villar Chirinos (21), hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares, dejó el lugar del accidente sin prestar auxilio, lo que desató una investigación penal por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.
La Fiscalía de San Isidro–Lince realizó el pasado 27 de febrero una inspección técnica del sitio del atropello bajo la dirección de la fiscal Yanet Roller Rodríguez. Sin embargo, la diligencia fue suspendida y reprogramada debido a la masiva aglomeración de personas que se congregaron en la zona para una vigilia en memoria de la deportista, lo que impidió el desarrollo seguro de la actividad.
Paralelamente, las autoridades han incorporado nuevas evidencias a la carpeta fiscal, entre ellas el análisis del teléfono móvil de Villar, que registró comunicaciones realizadas tras el impacto, información que ya fue entregada al Ministerio Público para su evaluación. Según el abogado de la familia Marzano, la primera llamada hecha por Villar tras el accidente fue a su padre, seguido de otros contactos con personas cercanas, lo cual forma parte de la investigación.
En tanto, la familia de Marzano ha solicitado medidas más drásticas contra Villar. El Poder Judicial ya dictó impedimento de salida del país por nueve meses, buscando garantizar la participación del investigado en las diligencias y prevenir cualquier intento de fuga. La familia también ha considerado presentar un pedido de prisión preventiva, dado el riesgo de obstaculización de la justicia.
El caso también se ha visto envuelto en polémicas adicionales. La Notaría Carpio Vélez emitió un comunicado oficial desmintiendo la existencia de un contrato de donación de vehículo entre la periodista Marisel Linares Chávez y Villar, aclarando que no existe en sus archivos ninguna escritura pública ni documento que respalde dicha transferencia, como había circulado en redes sociales.
Mientras tanto, en las redes sociales y medios de comunicación se multiplican las voces que exigen justicia para Marzano y critican decisiones de diversos actores mediáticos y sociales en torno al caso. La vigilia en San Isidro y las manifestaciones públicas reflejan el clamor social por una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares.
JUSTICIA Y MEMORIA DE UNA DEPORTISTA
Hasta el momento, la Fiscalía continúa recopilando pruebas, incluyendo la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad que podrían ayudar a esclarecer a qué velocidad circulaba el vehículo y si hubo infracciones previas al atropello. Las diligencias también buscan determinar posibles responsabilidades adicionales, incluida la conducta de terceros tras el accidente.
La muerte de Lizeth Marzano ha desatado un debate profundo sobre seguridad vial, responsabilidad penal y la obligación moral de prestar auxilio en accidentes, mientras su familia, allegados y el deporte peruano exigen que el caso no quede en la impunidad.
