La Coordinadora Político Social de Arequipa responsabilizó al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por las consecuencias que dejó las intensas lluvias con víctimas mortales, cientos de damnificados y miles de afectados, al considerar que la tragedia pudo evitarse si se ejecutaban acciones de prevención oportunas.
En un pronunciamiento público, la organización expresó su solidaridad con las familias de las cuatro personas fallecidas y más de 4,231 afectados por las precipitaciones. Sin embargo, enfatizó que los daños no son únicamente consecuencia de un fenómeno natural, sino resultado de la “inoperancia y negligencia” de las autoridades frente al riesgo de desbordes de torrenteras.
El asesor técnico Elvis Jump sostuvo que desde años atrás existían advertencias claras sobre el peligro. Recordó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) elaboró un estudio técnico para la protección ante inundaciones en la cuenca Quilca-Vítor-Chili, el cual identificaba zonas críticas y riesgos de huaicos en la ciudad, no obstante, este documento, entregado al Gobierno Regional en 2023, fue devuelto por razones administrativas, lo que paralizó su ejecución.
“El estudio ya señalaba qué obras debían realizarse en al menos diez quebradas, donde más de 180 mil personas están en riesgo. Incluso advertía que 146 instituciones educativas y 16 centros de salud podrían ser afectados”, explicó Jump, quien cuestionó que no se gestionara la continuidad del proyecto pese a contar con sustento técnico.
“Exigimos que el gobierno regional y la municipalidad provincial retomen los estudios entregados por la Autoridad Nacional del Agua, los validen, los amplíen, actualicen el perfil, elaboren el expediente técnico y ejecuten la inversión”, señaló Jump.
Desde la Coordinadora también se cuestionó la priorización del gasto público, según indicaron, mientras no se ejecutaron obras de drenaje pluvial, sí se destinaron recursos millonarios como por ejemplo para la Carretera Yarabamba – El Fiscal, proyectos vial relacionado en favor de la empresa minera Tía María. “Para la prevención no hubo voluntad política”, señalaron.
Las críticas alcanzan también a la Municipalidad Provincial de Arequipa, a la que acusan de no haber cumplido con la elaboración del Plan de Drenaje Pluvial pese a que la normativa vigente lo exige desde hace varios años. Según Jump, la ausencia de este instrumento impidió una planificación adecuada frente a lluvias recurrentes.
En esa línea, el representante Juan Carlos Gonzales advirtió que tampoco hubo control sobre ocupaciones en zonas de riesgo, permitiendo que viviendas se ubiquen en áreas cercanas a torrenteras sin medidas de seguridad.
IMPACTO DE LLUVIAS
El impacto de las lluvias en distritos como Paucarpata, Cayma, Cerro Colorado, Chiguata y Yura, registraron precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, activando quebradas como la torrentera Chullo. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, hasta el 23 de febrero se reportaron 1,223 personas afectadas, 13 damnificadas, cuatro fallecidos y más de 700 viviendas dañadas.
FALTA DE LIDERAZGO
A este escenario se suma una creciente percepción de falta de liderazgo y descoordinación entre los niveles de gobierno. La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros reconoció desarticulación institucional, mientras que el congresista por Arequipa Jaime Quito se cuestionó la ausencia de planificación y la falta de planes de contingencia ante un fenómeno recurrente.
Por su parte, el gobernador regional Rohel Sánchez defendió la actuación de su gestión señalando que la respuesta se dio conforme a las competencias de cada nivel de gobierno. Sin embargo, las críticas apuntan a que, más allá de las funciones, no se adoptaron decisiones oportunas para prevenir una emergencia que hoy deja en evidencia fallas estructurales.
PIDEN INVESTIGACIÓN
Finalmente, la Coordinadora anunció que solicitará al Ministerio Público el inicio de investigaciones por presuntos delitos de omisión de funciones, exposición de personas al peligro y homicidio culposo, y advirtió que se mantendrán en estado de alerta si no se adoptan medidas concretas.
