La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, rechazó tajantemente que la conformación del gabinete del mandatario José María Balcázar responda a presiones de líderes partidarios como César Acuña o Vladimir Cerrón. Sin embargo, las versiones cruzadas y las acusaciones públicas han instalado dudas sobre el verdadero margen de autonomía del Ejecutivo.
“Este gabinete no tiene color político”, afirmó Miralles al asegurar que las designaciones se basan en criterios técnicos y en el beneficio del país. No obstante, el economista Hernando de Soto sostuvo que fue apartado tras negarse a aceptar condiciones y denunció presuntas influencias en la distribución de ministerios. Según su versión, incluso recibió reiteradas llamadas de Acuña, quien negó haber gestionado cargos y afirmó que solo intentó comunicarse para saludarlo. Cerrón, por su parte, también rechazó cualquier injerencia y señaló que otros sectores serían los verdaderamente favorecidos.
En medio de esta controversia, Miralles busca centrar la agenda en el pedido de voto de confianza ante el Congreso. Su prioridad será destrabar obras públicas paralizadas y culminar proyectos inconclusos antes de iniciar nuevas iniciativas, con el argumento de evitar mayores cargas presupuestales a futuras gestiones.
La jefa del Gabinete también marcó distancia frente a iniciativas legislativas que generen gasto sin respaldo financiero, advirtiendo que el Ejecutivo observará aquellas normas que no cuenten con sustento presupuestal. A ello se suma el anuncio de ajustes en la estrategia de seguridad ciudadana y una mayor coordinación ante emergencias climáticas.
Aunque el discurso oficial insiste en la independencia y la estabilidad, el ruido político alrededor del gabinete mantiene abierto el debate sobre si realmente se trata de un equipo técnico o de un delicado equilibrio de poder.
