El convenio firmado en 2024 entre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y la Municipalidad de Sachaca para canalizar la torrentera de Santa Fe sigue sin ejecutarse, generando preocupación por la vulnerabilidad de viviendas, cultivos e infraestructura hídrica, que ya fueron afectadas y dañadas ante el desborde del huaico que arraso con gran parte de esta zona del distrito. La ex gerenta general del GRA, Norma Mamani, aseguró que el proyecto contaba con financiamiento, expedientes técnicos y autorización legal para su ejecución.
“El convenio se ha dormido; los gerentes y jefes de áreas, no han realizado las mesas de trabajo ni la ejecución técnica, pese a existir obligaciones claras”, señaló Mamani. Explicó que correspondía coordinar con la Autoridad Nacional del Agua y propietarios, para conformar equipos de estudio e infraestructura.
El proyecto, inicialmente valorizado en cinco millones de soles y actualizado a más de 12 millones, tenía como objetivo prevenir desbordes que afectan viviendas, cultivos y vías. La especialista advirtió que la inacción podría constituir una posible omisión de funciones, conforme a la Ley 29664 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGER), que obliga a las autoridades a ejecutar proyectos preventivos ante riesgos conocidos.
“Es momento de que las autoridades despierten y accionen. La paralización de este tipo de proyectos puede generar responsabilidad administrativa e incluso penal si se comprueba negligencia en la gestión”, concluyó Mamani, en un mensaje directo al actual titular del GRA.
RESPUESTA DEL GRA
En tanto, Berly Gonzales, actual gerente general del GRA, en declaraciones a Revelación.pe, relativiza estas críticas y señala que la paralización podría deberse a “temas de disponibilidad presupuestal” y a la complejidad técnica de intervenir una quebrada natural. “No se trata simplemente de declarar viable un proyecto y ejecutarlo; se trata de hacerlo bien”, indicó.
Respecto a posibles omisiones de funciones, Gonzales precisó que, aunque la cláusula quinta del convenio señalaba que el gobierno regional debía financiar el inicio de la ejecución física en 2024, la sucesión de gerencias y la necesidad de coordinación con otras instituciones podrían explicar la demora. “Independientemente de lo que haya dicho la exgerenta, nosotros no estamos en un escenario de culparnos, sino de afrontar la situación y resolver el tema”, sostuvo.
El funcionario subrayó la urgencia de intervenir las torrenteras con estudios completos y fajas marginales adecuadas, tras los recientes daños ocasionados por lluvias extraordinarias. “Quienes tienen que ver con la solución de este tema deben poner su mejor esfuerzo para que futuros proyectos se realicen correctamente y con seguridad”, concluyó.
¿PODRIAN SER DENUNCIADOS?
La activación de quebradas en Arequipa, como «El Chullo», que afectó zonas de Yanahuara y Sachaca, pone en evidencia la inacción de autoridades frente a riesgos previsibles. Alejandro Guerrero, especialista en gestión de riesgos con más de 25 años de experiencia, sostiene que “si existía un convenio entre el gobierno regional y la municipalidad de Sachaca, para obras de mitigación y no se avanzó, esto podría constituir una negligencia grave”.
El experto recordó que la Ley 29664 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGER) establece la obligación de prevenir, reducir y mitigar riesgos, planificar infraestructura, ejecutar obras y responder ante emergencias. La inacción, pese a contar con recursos, recomendaciones técnicas y convenios firmados, puede considerarse omisión de funciones, con posibles sanciones administrativas, civiles y penales.
En el caso de «El Chullo», mientras la canalización existe hasta el Puente Arrayanes, los tramos hacia Sachaca permanecen rústicos, dejando viviendas, cultivos y vías expuestas a inundaciones. Guerrero advirtió que la omisión se agrava cuando los planes de gestión de riesgos no se actualizan ni se ejecutan obras prioritarias, pese a antecedentes históricos de desbordes y huaicos.
“La responsabilidad es clara; incumplir obligaciones legales y no actuar ante riesgos conocidos genera consecuencias previsibles y evitables”, concluyó Guerrero, alertando sobre la necesidad de acciones inmediatas para proteger a la población y reducir la vulnerabilidad ante futuras lluvias.
