Por: Omar J. Candia Aguilar
Recientemente la Sala Plena de la Corte Suprema que preside la jueza Janet Tello Gilardi dispuso la conformación de una comisión de alto nivel encargada de analizar, evaluar e impulsar una reforma integral del sistema de justicia. Esta es sin duda una loable iniciativa; sin embargo, considero que hay que distinguir entre una reforma del sistema de justicia y la reforma del Poder Judicial. El sistema de justicia está integrado por todas las instituciones que participan en la resolución de los conflictos de intereses con relevancia jurídica, como por ejemplo el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, etc.
Una verdadera refundación del sistema de justicia requiere necesariamente de voluntad política y del compromiso de todos los actores, entre ellos el ejecutivo y el parlamento. Un refundación del sistema de justicia pasa necesariamente por una reforma constitucional y de un conjunto de normas, entre ellas la modificación de los Códigos.
En medio de una crisis política y a puertas de la elección de un nuevo presidente de la república y un nuevo parlamento (senadores y diputados), no se tiene la condiciones para conformar una instancia de coordinación con la legitimidad suficiente que impulse la refundación del sistema de justicia. Sin embargo, no podemos desmerecer que las iniciativas del parlamento por reformar el Código Penal o del Poder Judicial por reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial son insumos importantes para una reforma del sistema de justicia.
Debemos entender que refundar el sistema de justicia es volverlo hacer, es repensar todas las instituciones, sus políticas, su gestión, sus atribuciones constitucionales y legales, sus composiciones, etc. Esta es una tarea pendiente, los ciudadanos merecemos mejores instituciones, un sistema de justicia que no genere impunidad, pero que a la vez garantice derechos; un sistema de justicia que sea eficiente, rápido, transparente, exigente, y sensible con el justiciable; que entienda que su legitimidad no se sustenta en la cantidad de sentencias ni en penas más duras, sino en la calidad de estas, que sean respetuosas de los derechos fundamentales y de los valores constitucionales.
Una refundación del sistema de justicia no puede hacerse de manera separa, institución por institución, se requiere por el contrario de una trabajo articulado, una interacción entre todas las institucionales del sistema; requiere además de liderazgos visibles y comprometidos con la reforma; pero sobre todo de incorporar a los ciudadanos, a los usuarios del sistema. La refundación del sistema de justicia es una tarea pendiente, la elección de las nuevas autoridades es un escenario propicio para retomar esta tarea y no perder la esperanza, la utopía de un mejor país.
