La denuncia penal contra la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) por el manejo del albergue “La Casa del Padre” ha reactivado la discusión sobre el rol del Estado y las familias en la protección y formación de niñas y adolescentes.
La denuncia, presentada por la excongresista Gahela Cari, sostiene que la legisladora no habría garantizado el acceso oportuno a atención médica ni a servicios de salud para menores víctimas de violencia sexual en el albergue vinculado a su organización.
Según el Ministerio de Salud (Minsa), en 2025 un total de 37 676 niñas y adolescentes se convirtieron en madres en el país. De ese grupo, 993 eran menores de 14 años, edad en la que todo embarazo es considerado, por ley, consecuencia de una violación sexual.
Tanto quienes defienden que la educación sexual debe comenzar en la familia como quienes respaldan la Educación Sexual Integral (ESI) coinciden en dos aspectos clave: que los niños y adolescentes deben recibir formación en sexualidad, y que esta educación es fundamental para prevenir violaciones y embarazos no deseados.
La diferencia, como señaló la congresista Milagros Jáuregui, radica en el contenido: “No debemos confundir la Educación Sexual Integral con la Educación Sexual Científica, Biológica y Ética”, haciendo énfasis en que los programas estatales no siempre priorizan la perspectiva científica y familiar.
Por otro lado, Víctor García, representante de Plan International en Perú, señala que; “Hablar de educación también es hablar de seguridad, de respeto y de bienestar. Ningún niño o niña puede aprender plenamente si no se siente protegido en su escuela”, enfatizando la importancia de entornos seguros y adecuados para el aprendizaje.
Según ambas posturas, el debate no se centra en si los niños deben recibir educación sexual, sino en qué tipo de educación sexual y bajo qué enfoque se les brinda, equilibrando formación científica, valores familiares y protección integral de los menores.
