Por: Omar J. Candia Aguilar
La franja electoral fue creada con el propósito de transparentar el financiamiento de los partidos políticos y lograr mayores niveles de equidad en la publicad electoral. Recordemos que los cuestionamientos a la publicidad electoral, eran el financiamiento de fuentes relacionadas con el crimen organizado como minería ilegal, narcotráfico, etc. Asimismo, se podía observar campañas millonarias, frente a candidatos sin recursos suficientes para difundir sus propuestas electorales, generándose brechas y desigualdades en la contienda electoral.
En razón de lo anteriormente expuesto, se procede a la reforma del artículo 35 de la Constitución, la misma que precisa, entre otras cosas, que “(…) El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Se rige por ley conforme a criterios de transparencia y rendición de cuentas. El financiamiento público promueve la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterios de igualdad y proporcionalidad. (…) Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto”. Este mandato constitucional ha generado la reforma de la Ley de Organizaciones Políticas – Ley N° 28094, la misma que ha previsto encargar a la ONPE la gestión y reglamentación.
Debemos precisar que la franja electoral es una forma de financiamiento público indirecto, esto quiere decir, que el Estado no entrega los recursos a los partidos políticos, sino lo hace la ONPE. El procedimiento, en suma, establece que las organizaciones políticas eligen a los medios de comunicación radio, televisión y medios digitales; estos medios de comunicación deben previamente registrarse conforme a los presupuestos establecidos por la ONPE, los mismos que se incluyen en un catálogo publicado en la plataforma digital CLARIDAD de la ONPE. Una vez elegido los medios de comunicación, es la ONPE la que realiza los contratos con cada uno de estos medios previamente seleccionados y procede a supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dar la conformidad y a pagar los servicios publicitarios.
Cada organización política tiene la libertad de elegir a los medios de comunicación donde se difundirán su propaganda electoral, la misma que va a depender de la estrategia que utilicen, por ejemplo, puede focalizar por horarios, programas familiares, sectores urbano populares, programas juveniles, etc. Los únicos requisitos que exige la ONPE es que la publicidad respete los principios de legalidad, veracidad, autenticidad, igualdad y no discriminación. Para estas elecciones se han previsto para la franja electoral un monto de 80 millones de soles entre 38 partidos políticos, la misma que es distribuida conforme a determinadas reglas establecidas por la ONPE, respetando criterios de equidad y proporcionalidad. Los partidos con mayor recursos asignados son Perú Libre con S/ 7 728 818.73 y Fuerza popular S/ 5 423 3940.29. De otro lado, los partidos con reciente inscripción y sin representación parlamentaria se les asigno un monto de S/ 1 699 247.11
La franja electoral se gestó pensando en el fortalecimiento de la democracia, consideramos que los montos que se asignen a los partidos deben ser menores, teniendo en consideración las carencias que existen en el país. Asimismo, las reglas de distribución deben cambiar, no es posible que entre el partido que más recibe y el que menos recibe, exista una diferencia mayor a las cuatro veces el monto asignado. Si la finalidad de la franja electoral fue reducir las brechas de la propaganda electoral, estas no se están cumpliendo.
Si desaparecemos la franja electoral, volveríamos al esquema anterior, donde el candidato con mayores recursos puede poner mas publicidad en los medios, generando inequidad en la publicidad electoral. De otro lado, bajo el esquema actual de financiamientos público indirecto, es bien complicado que puedan cometerse los delitos de peculado, negociación incompatible o colusión, en razón de que los recursos los maneja ONPE y la selección de medios es una potestad de la organización política.
