La Municipalidad Distrital de Yarabamba, una vez más, fue blanco de la Contraloría General de la República (CGR). Esta vez, la entidad de control detectó múltiples irregularidades en la ejecución de la obra “Construcción de muro de contención en el ingreso al centro poblado de Sogay”, valorizada en más de S/ 2.7 millones y destinada a encauzar una torrentera para proteger a la población y predios agrícolas.
El proyecto se originó con la contratación de Consulting & Solutions Arequipa EIRL para la elaboración del expediente técnico, aprobado en diciembre de 2024 por la Gerencia de Infraestructura de la municipalidad. Dicho expediente fijó un plazo de ejecución de 120 días calendario y un presupuesto de S/ 2 millones 736 mil 060.51, bajo la modalidad de contratación indirecta.
En abril de 2025, la comuna convocó la ejecución de la obra mediante adjudicación simplificada, otorgándose la buena pro al Consorcio Altas. Posteriormente, se contrató al Consorcio Supervisión de Muros San Antonio 2 para la supervisión. La obra inició formalmente el 2 de septiembre de 2025 y, hasta la fecha de la intervención de Contraloría, acumulaba cuatro valorizaciones, un adicional con deductivo vinculante y una ampliación de plazo.
Sin permisos
Sin embargo, la primera y más grave observación detectada es que la obra se ejecuta sin que la municipalidad haya acreditado contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La normativa vigente exige este permiso para cualquier intervención en cauces, riberas o bienes asociados al agua, condición indispensable para obras de encauzamiento como la que se ejecuta en Sogay.
Durante una visita de los auditores, realizada en enero de 2026, se solicitó a la entidad municipal los permisos correspondientes. Aunque inicialmente se indicó que estos formaban parte del expediente técnico, un informe posterior de la propia municipalidad reconoció que no se cuenta con documentación que acredite la tramitación de dichas autorizaciones ante la ANA, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) o la Autoridad Local del Agua (ALA).
Esta omisión no es menor. La unidad contralora advierte que ejecutar obras sin autorización constituye una infracción grave o muy grave según la Ley de Recursos Hídricos, pasible de multas que pueden superar las cinco UIT e incluso llegar hasta diez mil UIT, además de la posible suspensión de la obra y otras medidas complementarias. Es decir, el proyecto corre riesgo de paralizarse por negligencia de la gestión de José Luna Zapana.
Aumentos irregulares
Una segunda irregularidad identificada está relacionada con el sistema de contratación. Las bases integradas del proceso establecieron que la obra se ejecutaría bajo el sistema de suma alzada. Esto implica que el contratista asume el riesgo de metrados y costos. Pese a ello, el residente de obra solicitó la aprobación de mayores metrados, los cuales fueron autorizados por la supervisión.
Para la Contraloría, esta actuación contraviene la normativa de contrataciones del Estado, ya que en un contrato a suma alzada no corresponde reconocer mayores metrados. Esta situación podría derivar en pagos indebidos y un perjuicio económico para la municipalidad, al desnaturalizar las condiciones bajo las cuales se adjudicó la obra.
El informe también cuestiona que el contrato firmado y la resolución que aprueba el expediente técnico no consignen expresamente el sistema de contratación, pese a que las bases integradas sí lo establecen. Al haber sido aceptadas por el contratista mediante declaración jurada, estas bases se convierten en reglas definitivas de la ejecución contractual.
Malos trabajos
Otra observación relevante es la aprobación de un adicional de obra con deductivo vinculante que introduce un uso distinto al objetivo original del proyecto. Durante la inspección, la comisión constató la construcción de rampas de acceso a terrenos agrícolas colindantes al canal de encauzamiento, trabajos que no estaban contemplados inicialmente.
Estas rampas modifican la finalidad del proyecto, cuyo objetivo principal es encauzar las aguas de la torrentera para mitigar riesgos por avenidas extraordinarias. La normativa prioriza la continuidad del canal para garantizar el flujo controlado del agua, por lo que incorporar accesos agrícolas podría afectar la eficiencia y seguridad de la infraestructura.
El manejo ambiental de la obra también fue duramente cuestionado. Se evidenció la inadecuada disposición de residuos sólidos no municipales, como bolsas de cemento, plásticos, botellas y restos de materiales, los cuales no eran segregados ni almacenados en contenedores adecuados.
Más grave aún, la comisión observó que algunos residuos plásticos estaban siendo enterrados en terrenos privados durante las labores de movimiento de tierras. Esta práctica vulnera la normativa ambiental y podría generar contaminación del suelo y un impacto negativo en el paisaje del distrito.
Sin transparencia
Finalmente, el ente de control detectó que la municipalidad no ha registrado ni actualizado la información de la obra en el sistema INFOBRAS, incumpliendo una obligación establecida en la directiva vigente. No se consignan datos básicos, avances físicos y financieros, modificaciones contractuales ni responsables de la ejecución.
Esta falta de registro afecta directamente la transparencia y limita el control ciudadano y de los órganos fiscalizadores. Para la Contraloría, la suma de estas irregularidades refleja una negligencia de la actual administración de José Luna Zapana. El edil ya ha sido cuestionado por aprovecharse del cargo en reiteradas ocasiones.
