Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, arremetió contra el Poder Judicial luego de que una sala penal rechazara aplicar la ley que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad previos a 2002 en el caso de la masacre de Cayara. Sus declaraciones generaron rechazo por afectar la independencia judicial.
La controversia se desató tras la decisión de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de no aplicar la ley aprobada por el Congreso que habilita la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002. Aunque el tribunal reconoció el criterio del Tribunal Constitucional, determinó que en el caso Cayara los plazos prescriben recién en 2032 debido a la desaparición forzada.
Durante la audiencia virtual, Rospigliosi ingresó como público, acción considerada por diversos sectores como una forma de presión a los magistrados. Minutos después, el legislador de Fuerza Popular lanzó un mensaje en redes sociales acusando a los jueces de “politizados y prevaricadores”. Y afirmó que no basta con reformar el sistema judicial, sino que hay que “barrerlo”.
El presidente del Congreso sostuvo que los magistrados desacataron una ley vigente y defendió la aplicación de la norma que permitiría cerrar procesos por graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, omitió que el Estado peruano está obligado a respetar tratados internacionales que establecen la imprescriptibilidad de estos delitos.
Las reacciones no se hicieron esperar. La expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, advirtió que las expresiones de Rospigliosi atentan contra la división de poderes y la democracia. En la misma línea, el abogado Ronald Gamarra respaldó la decisión judicial y recordó que la masacre de Cayara no está sujeta a amnistía ni prescripción.
