La Fiscalía de Arequipa abrió una investigación preliminar por 30 días para esclarecer presuntas responsabilidades en la falta de medidas frente a la contaminación del río Tambo. El proceso se originó tras un informe del Consejo Regional que advierte inacción de funcionarios del Gobierno Regional ante la presencia de metales pesados.
La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata dispuso iniciar diligencias contra quienes resulten responsables del presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en agravio del Estado. La investigación se basa en el informe final de una comisión del Consejo Regional de Arequipa que evaluó la respuesta del Gobierno Regional frente a la contaminación que afecta a la provincia de Islay.
El consejero regional por Islay, Juan Carlos Huanca Molero, explicó que el documento revisó la gestión del entonces gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, José Luis Barrezueta. Este concluyó que no se ejecutaron acciones concretas para enfrentar la emergencia ambiental. Como parte de las diligencias, la Fiscalía citó al consejero para declarar el 17 de febrero y solicitó al GRA información sobre planes de trabajo y responsables del área entre julio de 2024 y enero de 2025.
Huanca Molero también recordó que se planteó la compra de plantas de ósmosis inversa para tratar el agua contaminada, iniciativa que nunca se concretó. Ante ello, propuso declarar la emergencia en salud y conformar una mesa técnica multisectorial para atender a la población afectada por metales pesados. Además de solicitar una verificación in situ de la cuenca del río Tambo para adoptar medidas urgentes.
