Carlos Fernández Fernández, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, se presenta como un empresario bajo ataque. Esto tras conocerse los registros oficiales del Estado que revelan una trayectoria judicial extensa que acompaña su figura pública. Fernandez afirma que las denuncias en su contra son habituales en su rubro y el hecho que se hagan públicos es una reacción a su defensa de los intereses regionales.
Fernández es empresario con más de dos mil trabajadores, más de cien mil clientes y una red de más de treinta tiendas que va de Lima a Tacna. En ese escenario, asegura, vender autos implica enfrentar reclamos y denuncias por fallas o trámites. Afirma que, como representante legal, asume responsabilidades formales y que muchas denuncias —como las relacionadas con pérdida de placas— son comunes en el negocio. Explica que los trámites los realizan gestores y él solo firma. Rechaza cualquier beneficio personal y sostiene que su lucha es por Arequipa.
El presidente de la CCIA asegura que las críticas son un ataque directo por haber cuestionado la situación del aeropuerto, la Panamericana Sur y el caso Cerro Juli. Señala que ya había recibido advertencias de intentos de desacreditarlo tras denunciar a Aeropuertos Andinos y a COVISUR. Anuncia que seguirá presionando y pedirá la intervención de la Sunat, la Contraloría y la Defensoría. Para él, el problema es mayor: millones en juego y una ciudad que no puede mirar al costado.
Vale recordar que el Sistema de Información Judicial de Arequipa consigna que, hasta agosto de 2025, Fernández estuvo vinculado a 72 procesos judiciales desde 2002. En 21 aparece como demandante, en 17 como demandado y en 24 como imputado, además de otros roles. A esto se suman denuncias en el SIDPOL, donde figura como denunciante por pérdidas de licencias y un arma, y como denunciado por presunta simulación contractual y violación de domicilio, además del extravío de 17 placas de rodaje. Sin embargo, también se debe destacar que la mayoría de casos ya están archivados.
