El tablero político se reacomoda en el Congreso. El caso ‘Chifagate’ dejó de ser un murmullo para convertirse en una amenaza concreta contra la continuidad de José Jerí. Con dos mociones de censura formalmente presentadas, el escenario se traslada al Pleno, donde cada voto contará y cada bancada medirá su movimiento.
La ofensiva no llegó desde un solo flanco. Dos iniciativas distintas, impulsadas casi en paralelo, lograron el mismo objetivo: reunir las firmas necesarias para activar el mecanismo constitucional de censura. La primera fue promovida por Ruth Luque, quien articuló apoyos de diversas bancadas, mayoritariamente de izquierda, pero también de Avanza País y Acción Popular. La segunda llevó la firma de Elías Varas y repitió el patrón multipartidario. El mensaje es claro: el cuestionamiento a José Jerí trasciende una sola tienda política.
Las mociones ponen el foco en las reuniones no oficiales atribuidas al presidente interino. No se trata solo de encuentros, sino del impacto político que estos generan. Los textos sostienen que dichas prácticas erosionan la transparencia y dañan la confianza pública en el ejercicio del cargo. En ese marco, la censura aparece como una salida institucional frente a lo que consideran una conducta incompatible con la función presidencial, más allá de matices ideológicos.
Mientras tanto, otras bancadas optan por la cautela. Desde Fuerza Popular, Martha Moyano marcó distancia y evitó adelantar una postura. La decisión, dijo, dependerá de lo que José Jerí exponga ante la Comisión de Fiscalización. El gesto no es menor: abre un compás de espera que puede inclinar la balanza. En un Congreso fragmentado, la censura no se define solo por firmas, sino por tiempos, silencios y cálculos políticos que se juegan sesión a sesión.
