Víctor Hazel Mendoza Palomino, actual presidente del Frente de Defensa de Transportistas, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la oposición al Sistema Integrado de Transportes (SIT) en Arequipa. Desde esa tribuna promueve marchas, denuncia abusos municipales y exige que se permita la circulación de vehículos M2, conocidos como “loncheritas”.
Sin embargo, su discurso actual contrasta de forma radical con la posición que sostenía hace una década. En 2016, el dirigente pedía públicamente mano dura contra los mismos transportistas informales que hoy dice defender, a quienes entonces calificaba sin ambigüedades como un peligro para la ciudadanía.
Y es que Mendoza era propietario de una flota de custers que cubrían rutas hacia Cayma. Su interés estaba alineado con la formalidad, pues la competencia informal afectaba directamente a su negocio. “Queremos que desaparezcan las unidades M2, piratas, las combis asesinas. Queremos operativos”, declaraba entonces ante los medios de comunicación.
Su mensaje era incluso más severo, hasta el punto de acusar que estos transportistas eran “asesinos al volante” y que operaban al margen de la ley, sin permisos ni revisiones técnicas. “No es justo que esas unidades no tengan autorización ni revisión técnica. ¿Cómo es posible que eso permita la autoridad? Tampoco tienen SOAT. Hay accidentes, hay muertos y no se está haciendo nada. Para la población, cuidado que les ocurra algo a sus familiares a sus hijos y sus padres (por hacer uso de los vehículos M2)”, advertía, apelando al temor ciudadano.
Cambio a conveniencia
El escenario cambió con la implementación del SIT. Los conductores de su flota optaron por formalizarse y fueron absorbidos por la empresa “TransCayma”, que ganó la concesión de la ruta hacia la jurisdicción caymeña. Desde entonces, Mendoza quedó al margen del nuevo sistema y su discurso dio un giro de 180 grados.
Hoy, como dirigente de los transportistas informales, sostiene que el “contexto es diferente”. “En ese tiempo estábamos en contra de la circulación de las ‘loncheritas’, pero ahora veo los abusos que se están cometiendo contra los transportistas. Además, existe desabastecimiento de transporte en distritos como Cayma, Alto Selva Alegre y Cerro Colorado”, afirmó al ser consultado por este medio sobre su cambio radical de postura.
No obstante, evita responder sobre las condiciones en las que operan los vehículos informales que respalda. Consultado sobre la falta de revisión técnica y del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), requisitos que él mismo exigía en 2016, Mendoza se deslinda de toda responsabilidad. “Yo soy el portavoz del frente, no soy fiscalizador. No sé si operan con seguro o no”, dijo.
Según su versión, se limita a repetir lo que le indican los gerentes de las empresas informales. “Ellos me dicen que tienen SOAT y revisión técnica, yo solo repito lo que me dicen y defiendo el abuso a los transportistas”, sostuvo, pese a que antes consideraba esas omisiones como un riesgo mortal.
Cuando este medio insistió en las contradicciones de su discurso, el dirigente optó por desacreditar y acusar al reportero de Revelación.pe, Javier Huaraya, de tener vínculos con el SIT. “Parece que tú fueras transportista del SIT”, deslizó.
Sentenciado por falsedad
El doble discurso no es el único flanco débil en la trayectoria del dirigente. Sucede que el mencionado arrastra antecedentes judiciales vinculados al uso de documentos falsos en agravio de la Municipalidad de Arequipa, además de afrontar un proceso por difamación.
Justamente, en 2016, el caso de la empresa Travircan S.A. lo puso en la mira del Ministerio Público. Se le acusó de falsificar resoluciones municipales para tramitar tarjetas de circulación vial y permitir que unidades sin autorización presten servicio de transporte público.
Finalmente, en septiembre de 2018, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Arequipa dispuso la apertura de proceso contra Víctor Mendoza Palomino y otros empresarios por el presunto delito de uso de documento público falso y falsa declaración en procedimiento administrativo, llegando a una sentencia suspendida.
Hoy, Mendoza se presenta como defensor de los “abusos” del transporte informal. Pero sus propias declaraciones del pasado, sumadas a sus antecedentes, revelan una conveniencia política y económica que pone en entredicho la coherencia y la credibilidad de su cruzada actual contra el SIT.
