Con cartas notariales cruzadas y acusaciones de mala fe contractual las empresas HVV Proyectos y Obras EIRL —de Miguel Valencia Chávez— y SCK Certificaciones EIRL (de Luis Ramos Oviedo) marcaron el inicio de un conflicto legal. Esto tras la ejecución de la obra de renovación de calzada y veredas de la Cooperativa Abogados, que fue subcontratada ilegalmente durante la gestión del alcalde Sergio Bolliger Marroquín.
Subcontratación irregular
Primero, es necesario mencionar que el proyecto fue adjudicado el 11 de agosto de 202 a la empresa HVV Proyectos y Obras E.I.R.L., por un monto de S/ 736 046 y un plazo de ejecución de 60 días. Si bien la normativa permite subcontratar componentes de una obra pública, establece límites claros. La subcontratación no puede superar el 40 % del valor contractual y debe ser comunicada y aprobada expresamente por la entidad contratante, sin que exista silencio administrativo positivo.
No obstante, tras firmar el contrato con la municipalidad el 5 de septiembre de 2025, HVV Proyectos y Obras E.I.R.L. suscribió, el 23 de septiembre, un contrato privado con la empresa SCK Certificaciones E.I.R.L., representada por Luis Ramos Oviedo, para ejecutar varios componentes del proyecto.
Aunque el contrato privado se fijó en S/ 141 597, el presupuesto de esas partidas en la propuesta ganadora de la licitación ascendía a S/ 373 613. Esto representa más del 50 % del valor total de la obra, superando ampliamente el límite permitido por la ley. Esto fue denunciado por Revelación.pe un informe titulado “Faenón en Yanahuara: empresa subcontrato obra para ahorrarse a su favor S/ 232 mil”.
Deudas impagas
Ahora bien, el conflicto entre ambas empresas escaló cuando HVV Proyectos y Obras EIRL dejó de pagar a la subcontratista, alegando supuestas deficiencias técnicas en la ejecución de los trabajos. SCK Certificaciones rechazó tajantemente esa versión y sostiene que la deuda pendiente supera los S/ 85 mil, pese a que la empresa de Miguel Valencia Chávez recibió los pagos de parte de la comuna distrital.
El 7 de enero de 2026, Luis Ramos Oviedo remitió una extensa carta notarial a HVV Proyectos y Obras EIRL, en la que niega de forma categórica haber incurrido en incumplimientos graves y acusa a la contratista de actuar de mala fe para evadir el pago que le corresponde.
En el documento, la subcontratista sostiene que cualquier observación técnica fue subsanada durante la ejecución de la obra y que ello consta en el cuaderno de obra. Además, recalca que la Municipalidad Distrital de Yanahuara otorgó conformidad y realizó pagos de valorización sin observaciones.
Según la carta, la recepción de la obra por parte del municipio implicaría, conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la verificación del cumplimiento integral de las obligaciones, lo que haría jurídicamente insostenible calificar la obra como deficiente. Es decir, para la subcontratista estos argumentos no son más que excusas para evadir el pago por los trabajos efectuados.
SCK Certificaciones también rechazó imputaciones por retrasos, argumentando que hubo problemas no atribuibles a su empresa, como la falta de entrega oportuna de áreas de trabajo, ausencia de planos de ejecución y modificaciones solicitadas de manera improvisada por el residente de obra.
En su misiva, la subcontratista detalla gastos adicionales asumidos por cuenta propia, incluyendo trabajos no contemplados inicialmente, reparaciones por daños ocasionados por personal de la contratista principal y pérdidas de material por órdenes tardías de demolición y rehacer trabajos.
Además, afirma que solo ha recibido S/ 55 897.50 y exige el pago inmediato del saldo de S/ 85 102.50, además de S/ 42 mil por daños y perjuicios, advirtiendo acciones civiles y penales por enriquecimiento indebido y apropiación ilícita.
Acusan trabajos mal hechos
La respuesta de HVV Proyectos y Obras EIRL no se hizo esperar. En otra carta notarial, la empresa de Miguel Valencia rechazó íntegramente los argumentos de la subcontratista y sostiene que sí existieron deficiencias constructivas graves desde la ejecución de la obra hasta la resolución del contrato.
El privado argumentó que la Contraloría General de la República emitió el 5 de diciembre de 2025 un informe en el que se constataron deficiencias en adoquinado, tapas de buzones, fisuras en veredas y presencia de escombros, pese a que varias partidas ya estaban altamente valorizadas.
HVV Proyectos y Obras EIRL asegura que tuvo que asumir costos adicionales para corregir errores. Los mismos que, según afirma, eran responsabilidad exclusiva de la subcontratista, con el fin de evitar mayores observaciones administrativas y perjuicios contractuales. En ese contexto, la empresa comunica la resolución del contrato por incumplimiento grave y descarta la existencia de cualquier deuda exigible, anunciando, por el contrario, una demanda por daños y perjuicios que podría ascender a S/ 150 mil.
La carta también hace referencia al impacto reputacional que, según la contratista, generó la intervención de la Contraloría tras la publicación del reportaje difundido por este medio sobre la obra, daño que atribuye directamente a la subcontratista. Por lo expuesto, la firma se niega a pagar las deudas que sostiene con la subcontratista.
Buscan conciliar
En diálogo con Revelación Arequipa, el gerente de SCK Certificaciones, Luis Ramos Oviedo señaló brevemente que el conflicto sigue abierto y que aún existe la posibilidad de una conciliación. De no prosperar, adelantó que el caso pasará al ámbito judicial.
Ramos Oviedo afirmó que la obra fue revisada por el supervisor y el residente, y que las observaciones pendientes son mínimas y no han sido levantadas precisamente por la falta de pago. Finalmente, explicó que no daría más declaraciones en vista a que existe un proceso de conciliación en curso.
Así, mientras las cartas notariales cruzadas anticipan un escenario de denuncias penales y demandas civiles, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: cómo se permitió que una obra pública se haya subcontratado de manera ilegal. El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger Marroquín, aún tiene mucho que explicar a sus vecinos.
Por su parte, el gerente de la contratista, Miguel Valencia Chávez, evitó pronunciarse sobre el asunto porque se encuentra judicializado. Al mismo tiempo, acusó a este medio por revelar esta subcontratación irregular. “Yo no voy a dar ningún tipo de declaración. Es un proceso judicializado. Además, ustedes han sacado una nota que no se ajusta a la verdad. Yo tomaré las medidas del caso”, dijo y cortó la comunicación.
