La violencia ya no solo ocurre en la calle. También se instala en pantallas, redes sociales y aplicaciones de mensajería. Esa fue una de las alertas centrales que dejó un curso especializado en ciberviolencia de género realizado en Arequipa, donde operadores de justicia advirtieron que sin una cultura digital mínima, la ciudadanía queda desprotegida frente a riesgos cada vez más comunes.
La reflexión surgió tras una semana de capacitación que reunió a jueces, fiscales y defensores públicos en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. El curso, desarrollado con el apoyo del Consejo de Europa y del proyecto GLACY-e, abordó las múltiples formas que adopta la violencia digital, desde el cibercontrol y el acoso en línea hasta prácticas de discriminación que afectan de manera desproporcionada a las mujeres.
Uno de los consensos fue la urgencia de salir del ámbito técnico y llegar a la población. Los participantes coincidieron en la necesidad de impulsar campañas de educación y sensibilización que permitan a las personas reconocer riesgos, proteger su integridad y conocer los mecanismos de defensa disponibles en entornos digitales. También se remarcó la importancia de reforzar las capacitaciones con enfoque de género y de adaptar las medidas de protección tradicionales a la dinámica de internet y las redes sociales.
El debate también alcanzó al propio Estado. Se planteó fortalecer las capacidades técnicas de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial, así como generar estadísticas específicas que permitan medir la magnitud real de la ciberviolencia de género. Finalmente, se propuso avanzar en el desarrollo normativo, regulando de forma clara la prueba digital y su correcta conservación.
El curso fue clausurado por el juez superior Fernán Fernández Ceballos, en presencia de representantes del Consejo de Europa y magistrados responsables de la iniciativa, dejando un mensaje común: sin cultura digital, la prevención queda incompleta.
