Un texto elaborado en 1990 por Fernando Rospigliosi, en el que calificó lo ocurrido en Cayara como una masacre contra población civil, contradice abiertamente su discurso actual como presidente encargado del Congreso. Desde donde sostiene que se trató de un enfrentamiento armado y respalda una ley de amnistía para militares procesados por violaciones de derechos humanos.
En su Alegato por Cayara, elaborado tras los hechos ocurridos en 1988, Fernando Rospigliosi describió la incursión militar en el distrito ayacuchano como una represalia indiscriminada contra campesinos desarmados. En el documento denunció detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, señalando que las víctimas fueron capturadas en sus viviendas y chacras sin haber participado en acciones subversivas, y advirtió que se trataba de una práctica sistemática de violencia estatal incompatible con el Estado de derecho.
Tres décadas después, el hoy presidente encargado del Congreso sostiene una versión diametralmente opuesta. Rospigliosi afirma que en Cayara hubo un enfrentamiento con terroristas, niega la condición civil de las víctimas y respalda la ley de amnistía que busca archivar los procesos judiciales por graves violaciones de derechos humanos, argumentando que los militares procesados “derrotaron al terrorismo” y que los juicios en su contra son ilegales.
Este cambio de postura también se expresa en una presión directa sobre el Poder Judicial. Desde el Congreso, Rospigliosi ha promovido que los jueces apliquen la amnistía y ha advertido que quienes se nieguen podrían ser destituidos o denunciados por prevaricato, un giro que, para organismos de derechos humanos, afecta la independencia judicial y golpea la memoria histórica de uno de los casos más emblemáticos del conflicto armado interno.
