Los regidores de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, Braian Torrico, Pamela Díaz y Paul Huertas prácticamente renunciaron a su labor de fiscalización. Y es que los concejales optaron por el camino más cómodo: mirar de reojo y evitar una investigación formal, a través de una comisión especial, por la subcontratación irregular de una obra vial en la Cooperativa de Abogados, pese a los indicios de una posible vulneración directa a la Ley de Contrataciones del Estado.
Durante la sesión ordinaria del concejo municipal, realizada el miércoles 14 de enero, los mencionados regidores se limitaron a pedir informes administrativos para realizar una fiscalización individual. La decisión, lejos de fortalecer el control político, deja serias dudas sobre la voluntad real de esclarecer los hechos.
Subcontratación irregular
El caso fue desvelado por Revelación.pe y se originó durante la gestión del alcalde Sergio Bolliger Marroquín. El 11 de agosto de 2025, el municipio otorgó la buena pro de la obra de “Renovación de calzada y vereda” en varias calles de la Cooperativa de Abogados, un proyecto valorizado inicialmente por la propia comuna en S/ 818 352.
Finalmente, la obra fue adjudicada a la empresa HVV Proyectos y Obras EIRL por S/ 736 046, con un plazo de ejecución de 60 días. Hasta ese punto, el procedimiento administrativo no mostraba mayores irregularidades visibles, pero el problema surgió apenas semanas después.
La Ley de Contrataciones del Estado establece de manera expresa que la empresa que gana una licitación debe ejecutar directamente la obra. La subcontratación sólo se permite de forma excepcional, hasta por el 40 % del valor total del proyecto, y requiere comunicación formal y aprobación expresa de la entidad contratante. No existe silencio administrativo positivo: si la entidad no autoriza, la subcontratación queda prohibida.
Pese a ello, Miguel Ángel Valencia Chávez, propietario de HVV Proyectos y Obras EIRL, firmó el contrato con el municipio el 5 de septiembre de 2025 y, el 23 de ese mismo mes, suscribió un contrato privado con Luis Ramos Oviedo para que este ejecute varios componentes de la obra.
El monto pactado con el subcontratista fue de S/ 141 597. No obstante, al revisar el presupuesto con el que HVV ganó la licitación, se advierte que esos mismos componentes estaban valorizados en S/ 373 613, lo que equivale al 50.76 % del valor total del proyecto, superando ampliamente el límite legal del 40 %.
Para lograr esa reducción, HVV Proyectos y Obras EIRL aplicó recortes significativos en diversos ítems. En el rubro de equipos de protección individual, por ejemplo, la empresa ofertó al municipio un costo de S/ 2 825, pero lo subcontrató por apenas S/ 1 809.59. En la conformación de base granular para veredas, el metro cuadrado fue presupuestado a 17 soles, pero ejecutado por el subcontratista a solo S/ 8.74.
La mayor irregularidad está en los componentes Cama de apoyo de arena, corte de adoquines, colocación de adoquín de concreto y sellado de juntas con arena fina. La oferta económica que la empresa de Miguel Valencia hizo al municipio de Yanahuara para realizar esos componentes fue de S/ 217 471. Sin embargo, a Luis Ramos Oviedo le pagaron por el mismo trabajo apenas S/ 19 258. Es decir, una sobreganancia de S/ 198 213 en favor de Valencia Chávez.
Se echan para atrás
Frente a este escenario, la primera reacción de algunos regidores fue de an unciar investigaciones. Incluso que iban a hacer un pedido en la sesión de Concejo Municipal realizada ayer para conformar una comisión investigadora. Pero lo dos días después la postura fue, como mínimo, tibia. Lejos de impulsar una investigación institucional robusta, los regidores de oposición optaron por una fiscalización fragmentada y personal, renunciando a las herramientas que la ley les otorga como cuerpo colegiado.
Braian Torrico justificó su postura señalando que pedir una comisión investigadora podría fracasar en el pleno. “Si lo hacemos por comisión investigadora puede que los regidores de oficialismo no lo aprueben y aparte ya existe un precedente anterior”, afirmó, recordando el caso de la discoteca Filin.
Pamela Díaz Sarolli fue aún más explícita al admitir que la decisión responde a un cálculo político. “No hemos pedido una comisión investigadora porque si solicitamos eso vamos a terminar trabajando con los profesionales que nos pone la municipalidad”, declaró, añadiendo que prefieren “evitar esos malos ratos” y fiscalizar con recursos propios.
Renuncian a su labor
Este razonamiento ha sido duramente cuestionado por el especialista en Derecho Municipal y decano del Colegio de Abogados, Jorge Sumari Buendia. El letrado advirtió que el caso reunía todos los elementos para la conformación de una comisión especial investigadora y que no hacerlo implica una claudicación del rol fiscalizador. “Si no lo están haciendo, prácticamente están renunciando a su capacidad de fiscalización”, señaló.
Sumari explicó que una comisión especial no solo otorga mayor legitimidad política, sino también mayores facultades prácticas: acceso directo a información, comparecencia de funcionarios, entrevistas formales y un marco institucional que obliga a la colaboración. “Cuando lo hacen individualmente, eso no es normal ni correcto”, enfatizó.
Para el especialista, la explicación de los regidores no resulta convincente. “Que expliquen a la población de Yanahuara por qué no quieren asumir esa responsabilidad. Sus vecinos tienen derecho a saber por qué sus representantes, que están para fiscalizar, están eludiendo esa labor”, sostuvo.
Así, mientras las dudas sobre la ejecución de la obra se acumulan, el Concejo Municipal de Yanahuara pierde la oportunidad de enviar un mensaje claro contra las irregularidades. La decisión de fiscalizar por cuenta propia solo debilita la investigación y deja la incómoda sensación de que, ante un caso grave, los regidores prefieren retroceder antes que confrontar al poder.
