El conflicto que tensó a Bolivia en enero encontró una salida política. El Ejecutivo y la COB sellaron un acuerdo para dejar sin efecto el Decreto Supremo 5503, cuestionado por eliminar subsidios a los combustibles. Además avanzarán en una nueva norma consensuada que preserve medidas sociales clave y restablezca la calma en el país.
El entendimiento alcanzado marca un punto de quiebre en una crisis que paralizó rutas y encendió el malestar social. El documento suscrito establece la conformación de una comisión encargada de redactar un nuevo decreto. Este mantendrá únicamente los artículos referidos a la subvención de combustibles, mientras el resto del contenido será revisado o descartado. La señal política apunta a corregir el rumbo sin profundizar la confrontación.
Desde la dirigencia sindical, el mensaje buscó bajar el tono del conflicto. El vocero de la COB, Mario Argollo, aseguró que el acuerdo no deja vencedores ni vencidos. Según afirmó, el resultado favorece al país en su conjunto. El pacto también incorpora demandas sociales planteadas durante las movilizaciones, como la reprogramación de créditos bancarios, mejoras en los bonos sociales y un ordenamiento de la política salarial, en un contexto marcado por la presión inflacionaria.
El levantamiento inmediato de los bloqueos fue uno de los compromisos centrales. Las organizaciones sociales aceptaron suspender las medidas de presión que afectaban la movilidad interna, aunque decidieron mantener el estado de emergencia hasta que el nuevo decreto sea promulgado. La cautela responde a la experiencia reciente.
El Decreto Supremo 5503 provocó un alza de hasta 162% en el precio del diésel y encareció la gasolina, tras más de dos décadas de precios congelados. Los sindicatos advirtieron entonces sobre el impacto directo en los trabajadores y el riesgo de liberalizar recursos estratégicos. El Gobierno defendió el ajuste como una necesidad fiscal, pero la falta de consenso terminó forzando la marcha atrás.
