Por Augusto Santillana. Analista político
Qué duda cabe sobre la conocida situación crítica que viene atravesando la empresa estatal PETROPERÚ, que está en evidente insolvencia financiera. Actualmente la calificadora de riesgo Standard & Poor’s Global Ratings rebajó la calificación crediticia de emisor a largo plazo de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. de “B” a “B-” y colocó a la compañía bajo “vigilancia crediticia negativa”, según un informe difundido el 22 de diciembre de 2025. La calificadora indicó que considera más incierta la posibilidad de nuevas intervenciones estatales para sostener a la compañía, luego de varios años en los que PETROPERÚ se benefició de apoyos gubernamentales. Según el primer ministro, Ernesto Álvarez, entre 2022 y 2024 el Estado brindó medidas de apoyo financiero a la petrolera por un total de S/ 17,888 millones, cifra que supera los presupuestos anuales de sectores como salud y educación.
Otro factor no menos importante que no se ha tomado en cuenta es el tipo de gasto que se ha priorizado en su asistencia. El rescate a Petroperú representa fundamentalmente gasto corriente; es decir, dinero destinado a sostener operaciones deficitarias, pagar deudas acumuladas y cubrir ineficiencias administrativas. Este tipo de gasto tiene un impacto económico radicalmente distinto al de la inversión productiva.
PETROPERÚ tiene una participación importante en el mercado de combustibles, con un total del 26 % a nivel nacional a octubre 2025, 42 % de Diesel y 31 % de Gasolinas. Asimismo, dicha empresa cuenta con más del 85 % de participación de mercado en los departamentos con alto índice de vulnerabilidad del país, como lo son Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde no existe presencia significativa del sector privado.
De continuar en esa condición, dificultará que PETROPERÚ pueda garantizar el abastecimiento de combustibles, incrementando el riesgo de desabastecimiento en las regiones donde dicha empresa tiene una notable participación de mercado, y como consecuencia, se pone en riesgo la prestación de los servicios públicos como electricidad, transporte, así como del desarrollo de las actividades económicas de dichas regiones. Especialmente, las ubicadas en la selva peruana.
Todo ello, ha derivado en que el Gobierno Nacional apruebe el Decreto de Urgencia 010-2025. Que tiene por objeto establecer medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para garantizar la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos que permitan el desarrollo de las actividades económicas relacionadas al transporte, distribución, comercialización y suministros.
La reorganización patrimonial de PETROPERÚ, puede incluir a sus activos tangibles e intangibles, como refinerías, terminales, plantas de venta, flota, así como marcas, derechos de uso, “know how”, licencias, permisos, autorizaciones y contratos suscritos. Los mismos que serán distribuidos o separados enbloques patrimoniales, sobre los cuales se crearán los llamados “Vehículos de Propósito Especial” (SPV), cuya titularidad le corresponderá a PETROPERÚ. Que viene a ser una empresa gestora independiente para cumplir un fin específico.
Su finalidad es que los activos y la situación en la que se encuentren, no se confundan con el resto del patrimonio de la empresa. Serán administrados por separado a través de la SPV a cargo de un operador privado, que tiene la opción de colocar capital privado o el “know how” a cambio de una participación en las utilidades que se generen. Es decir, se está concesionando la gestión de los bloques patrimoniales a un privado. Pero la empresa sigue siendo de PETROPERÚ. Todo este proceso complicado estará a cargo de PROINVERSIÓN, primera novedad, pues los anteriores intentos fallidos de reestructurar PETROPERÚ fueron encargados a la misma empresa.
Esperemos que este nuevo proyecto de hacer viable la empresa, pueda rendir buenos resultados en bien de garantizar el insumo energético. Casi todas las actividades productivas dependen de los hidrocarburos, más en un país, geográficamente diverso como el Perú. No creemos que el momento electoral que vivimos vaya a propiciar que diversas iniciativas presentadas en el Congreso, prosperen. Todas dirigidas a derogar el D.U. 010-2025. PETROPERÚ, no puede seguir siendo el forado inmenso que succione los recursos del Estado para seguir sobreviviendo. Hay que hacerla rentable y creo que la participación del sector privado es importante siempre que la titularidad de los activos, sigan a nombre de la empresa estatal.
