El estreno comercial del documental Uyariy, del cineasta Javier Corcuera, ha causado controversia. En especial debido a que las salas de cine se han negado a darle el espacio que la película merece con el fin de que más ciudadanos puedan ir a verla. En Lima se han abierto algunos horarios, muchos de ellos muy difíciles para que tenga la acogida de una buena audiencia. En regiones la situación es igual o peor.
¿Es esto casualidad? Pues no. A pesar de que los cines están obligados a brindar espacios para la proyección de películas de producción nacional, simplemente se niegan a hacerlo. Lo peor es que el Ministerio de Cultura no parece estar interesado en fiscalizar ni siquiera obligar a estas empresas a cumplir la ley. Ya sea por intereses económicos o, lo que sería peor, el interés político de evitar que las voces de los familiares de las víctimas se conozcan ampliamente.
El problema con el poco apoyo por parte de las salas de cine es que están vulnerando el derecho de los ciudadanos a conocer su propia historia y la historia de nuestros compatriotas. La memoria histórica es un derecho de todos, de conocer la verdad sobre los hechos que nos afectaron o que cambiaron la vida de familias y ciudades completas.
Así como lo que pasó un 9 de enero de 2023. Cuando 18 personas murieron en un solo día, víctimas de una matanza provocada por efectivos de la Policía Nacional del Perú. Todos murieron a causa de impactos de bala disparados por armas de fuego de las fuerzas del orden. Eso ha quedado establecido. El problema es que luego de 3 años, las familias de las víctimas no han encontrado justicia.
Y el principal causante de esta «injusticia» es el propio Estado, con el sistema de justicia a la cabeza y el Ministerio Público como principal perpetrador de la impunidad. No puede ser posible que luego de 3 años de investigaciones los fiscales no hayan llegado a ninguna conclusión. Tampoco que no se señale a los jefes policiales culpables de la atrocidad. Esa lentitud lo único que hace es ratificar el imaginario colectivo de que la justicia no es para los pobres ni los desposeídos.
El documental de Javier Corcuera sobre la matanza del 9 de enero del 2023 busca brindar voz a los familiares de las víctimas, para que presenten un rostro humano al crimen provocado por el gobierno contra los ciudadanos que debería haber protegido. Y el hecho de que el gobierno no brinde garantías para que la difusión del film llegue a todos los peruanos es más grave aún, pues ratifica la postura complice del gobierno frente a los crímenes de lesa humanidad que siguen perpetrándose en el país contra los peruanos que buscan justicia social.
