El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, superó sin observaciones el proceso de tachas rumbo a las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, su hoja de vida presentada ante el Jurado Electoral Especial no incluyó un antecedente clave: haber estado recluido en prisión durante la década de 1970 y haber sido beneficiado posteriormente con una amnistía, hecho que hoy abre un debate político y ético.
Omisión ante el JNE
La omisión salió a la luz tras declaraciones del excongresista Edgar Villanueva, quien aseguró que López-Chau evitó consignar su carcelería pese a sugerencias internas. Villanueva relató que incluso fue retirado de la lista de candidatos al Senado luego de insistir en que esa información debía ser incluida por razones de transparencia. Según su versión, el entonces candidato consideró innecesario abordar ese episodio de su vida personal.
Villanueva sostuvo además que López-Chau estuvo recluido en dos penales, entre ellos Lurigancho. También cuestionó que el partido permitiera la permanencia de postulantes con denuncias graves en sus listas regionales. Estas afirmaciones reforzaron el debate público sobre los estándares éticos que deben regir a quienes aspiran a la Presidencia de la República.
Fue preso político
Ante la controversia, el equipo de prensa de López-Chau confirmó que el candidato estuvo en prisión, pero precisó que se trató de detenciones políticas durante el régimen militar de Juan Velasco Alvarado. En un comunicado, señalaron que su privación de libertad respondió a su oposición al gobierno de facto y no a la comisión de un delito penal.
El pronunciamiento también confirmó que López-Chau fue amnistiado a los 20 años, como ocurrió con otros presos políticos de la época. Según su defensa, al no existir delito ni sentencia penal, no se generaron antecedentes judiciales. Por ello, afirmaron que el candidato pudo ejercer cargos públicos y académicos sin impedimento legal alguno.
Documentos del Poder Judicial respaldan que no registra sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada. En respuesta a una solicitud presentada en febrero de 2025, el Registro Nacional de Condenas informó que no existen antecedentes penales inscritos a su nombre, pese a la referencia a un proceso amnistiado.
Es un asunto moral
Especialistas en derecho electoral coinciden en que la ley solo exige declarar sentencias condenatorias por delito doloso. No obstante, el exministro de Justicia José Tello señaló que, al tratarse de una candidatura presidencial, existía una obligación moral de informar sobre la carcelería, incluso si fue de carácter político.
Desde el ámbito electoral, el abogado Julio Silva Meneses explicó que el Jurado Electoral Especial puede verificar la información ante el Poder Judicial como parte de la fiscalización posterior. De existir una sentencia no declarada, el escenario sería distinto. Por ahora, el debate se centra menos en lo legal y más en el nivel de transparencia exigido a quien busca gobernar el país.
