El alcalde de Yarabamba, José Luna Zapana, insiste en desconocer la autoridad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y mantiene bloqueada la convocatoria a la sesión extraordinaria donde debe debatirse su vacancia y la de dos regidores. Todos implicados en presuntas contrataciones de familiares dentro de la municipalidad.
Pese a que la Contraloría General de la República (CGR) documentó el caso en un informe que puso en conocimiento del propio municipio, el burgomaestre ha optado por una estrategia dilatoria basada en explicaciones ilógicas, trasladando responsabilidades y cuestionando requisitos que la ley no exige para cumplir una orden del máximo ente electoral.
Arma leguleyadas
Luna Zapana asegura que, hasta el momento no se ha debatido su vacancia por falta de documentación, pese a que hubo tres sesiones de consejo para abordar este tema. Sostiene que la primera sesión fracasó “por falta de quórum”, pero omite explicar por qué, siendo una orden expresa del JNE, no garantizó la presencia de los regidores ni adoptó medidas para asegurar el debate, como lo manda la Ley Orgánica de Municipalidades.
En su segundo argumento, afirma que “en la segunda convocatoria se le solicitó más información sobre el caso a la denunciante”. Esta justificación resulta insostenible, ya que la solicitud de vacancia se basa en un informe de Contraloría que detalla montos, nombres, vínculos familiares y periodos de contratación, información que ya obra en poder del municipio.
No obstante, el edil insiste en que no tienen la información completa, pese a que el órgano de control precisó que las contrataciones vulneraron los principios de legalidad, transparencia e idoneidad, y cuantificó los contratos en S/ 168,954.19, todos menores a ocho UIT. Exigir documentos adicionales a la denunciante no solo es innecesario, sino una maniobra para retrasar el proceso.
Finalmente, explicó que durante la tercera sesión de concejo un regidor pidió la suspensión porque la denunciante no había cumplido remitir la información que solicitó el municipio. Cuando se le consultó qué información adicional se requirió, no supo responder. “Eso yo no lo sé, lo sabe la Secretaría General”, dijo.
Desconoce contrataciones
El alcalde también intentó deslindar responsabilidad sobre la contratación de su cuñada Maybeth Rocio Huanca Piclo. “Yo no soy el ente que contrata, eso lo hace Recursos Humanos”. Este argumento desconoce que la vacancia no se evalúa por quién firmó el contrato, sino por la existencia de nepotismo y por la obligación política y ética de las autoridades de evitarlo y fiscalizarlo.
Más grave aún es cuando afirma que “no estaba enterado, en ese momento era regidor”. El informe de Contraloría, sin embargo, infiere injerencia en la contratación por S/ 2,500 de su familiar. Esto porque considera el vínculo directo, el reducido tamaño del distrito y su rol de fiscalización de las obras donde ella fue contratada.
Regidores en la mira
Hay que recordar que el alcalde no es el único investigado por este caso. Resulta que otros dos regidores también metieron a trabajar a sus parientes. El caso más contundente es el de la regidora Alida Belén Ttito Soto, quien favoreció hasta ocho familiares, incluidos exconvivientes, hermanos, tíos y primos, que en conjunto percibieron S/ 137,998.10. Frente a esta evidencia, el alcalde guarda silencio y evita que el Concejo se pronuncie.
También está implicado el regidor Zenón Antenor Cruz Hidalgo, cuyos familiares cobraron S/ 29,456.09 por trabajos en construcción civil y labores administrativas. Pese a ello, Luna Zapana afirma con ligereza: “Estoy tranquilo, los regidores también están tranquilos”, una frase que contrasta con la gravedad de los hechos, la presión institucional del JNE y su negativa a debatir la vacancia.
El alcalde señala que convocarán a una nueva sesión de concejo al culminar las actividades oficiales por el aniversario 83° del distrito, en abierta desobediencia a los plazos fijados por el Jurado Nacional de Elecciones. Así, mientras el alcalde acumula excusas y contradicciones, Yarabamba reta al máximo organismo electoral.
El JNE ya reiteró en más de una ocasión que la municipalidad debe remitir la citación, el acta y el acuerdo de concejo, y el 12 de noviembre de 2025 advirtió que, de persistir el desacato, el caso será derivado al Ministerio Público para evaluar responsabilidades penales.
