La investigación por el caso Alas Peruanas sumó un nuevo actor político. Por decisión judicial, Fuerza Popular fue incorporado al proceso penal que sigue la Fiscalía contra Joaquín Ramírez por presunto lavado de activos. El expediente coloca bajo la lupa los aportes que habrían financiado campañas presidenciales y que hoy reabren un frente judicial clave.
La decisión fue tomada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que declaró fundado el pedido del Ministerio Público. Con ello, el partido fujimorista pasa a formar parte formal de una pesquisa que ya investigaba a Joaquín Ramírez por el origen y destino de fondos vinculados a la Universidad Alas Peruanas, institución dirigida por su tío, Fidel Ramírez Prado. El eje del caso apunta a la presunta procedencia fraudulenta de esos recursos.
Según la hipótesis fiscal, Fuerza Popular habría recibido aportes económicos entre los años 2011 y 2015. Las cifras detalladas incluyen más de 54 mil soles durante el periodo 2014-2015 y 210 mil soles en el año 2011. A ello se suman transferencias de dos inmuebles ubicados en zonas estratégicas de Lima: uno en la avenida Bucaré, en La Molina, y otro en la avenida Arequipa, en Miraflores. Para la Fiscalía, estos movimientos no fueron aislados ni desinteresados.
El planteamiento fiscal va más allá del financiamiento electoral. Sostiene que, de haber llegado al Poder Ejecutivo, el partido habría retribuido esos aportes mediante beneficios concretos, como obras sobrevaluadas, ventajas tributarias o marcos normativos favorables para cooperativas y universidades privadas. En esa línea, se señala que la organización política habría funcionado como un vehículo para ocultar y canalizar dinero ilícito.
La defensa del partido cuestionó la oportunidad del pedido, pero el juzgado verificó que fue presentado dentro del plazo legal y rechazó también las oposiciones de empresas vinculadas a Ramírez, al no tener legitimidad procesal.
