Por Omar J. Candia Aguilar. Abogado y político. Mail: ocandia@unsa.edu.pe
Nicolás Maduro ha gobernado Venezuela bajo un régimen autoritario. La persecución sistemática de la oposición política, el encarcelamiento de disidentes, la cooptación de los poderes públicos y el colapso económico que forzó al exilio a millones de venezolanos constituyen hechos ampliamente documentados por organismos internacionales, informes de derechos humanos y la propia realidad regional. Negar esta situación sería un despropósito. Sin embargo, reconocer la naturaleza dictatorial del régimen de Maduro no autoriza, ni jurídica ni moralmente, a sustituir el derecho por la ley del más fuerte ni a erosionar los principios básicos de la convivencia internacional.
A Maduro la Fiscalía del Distrito del Sur de Nueva York (SDNY) le imputa, entre otras cosas, los delitos de conspiración de narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína, uso de armas de guerra y delincuencia organizada transnacional. ¿Esta acusación fiscal es suficiente para justificar la vulneración a la soberanía venezolana, la conculcación del derecho internacional y el resquebrajamiento de la institucionalidad multinacional? ¿Tiene competencia legal los tribunales federales americanos para juzgar a un mandatario, sin el respeto del derecho internacional?, ¿Estados Unidos puede gobernar Venezuela hasta que haya una transición pacífica? ¿Estados Unidos puede disponer de los recursos naturales de Venezuela?
Es evidente que el análisis del caso Maduro, trasciende la aplicación del derecho internacional y del derecho penal. Tiene que ver con cuestiones geopolíticas, relaciones de poder e intereses económicos.
Desde finales del siglo pasado la ONU, el derecho internacional, han venido en un franco debilitamiento. La presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU de EE.UU., China y Rusia genera hegemonías y avala intervenciones militares inaceptables como lo vivido en la Franja de Gaza, con una intervención de Israel inaceptable, dolorosa e inhumana. El derecho internacional no está para avalar los abusos del poder en nombre de la paz, de la libertad o de la democracia; el derecho internacional se creo para vivir civilizadamente y para limitar el poder de los estados poderosos. La Carta de las Naciones Unidas se ha convertido en una concurrencia de buenos propósitos, los estados poderosos no la cumplen, la institucionalidad internacional fracasó. De lo contrario ninguna acusación fiscal sería suficiente para vulnerar la soberanía nacional, menos aún para sustituir la fuerza por el derecho.
Los tratados internacionales se están convirtiendo peligrosamente en letra muerta, y si esta es la tendencia, las cortes internacionales, la jurisdicción internacional perderá poder. Y cada estado, sobre todo los poderosos intervendrán en los territorios ajenos para hacer “justicia”, sin respetar la jurisdicción internacional, la competencia judicial, el principio de juez natural predeterminado por ley, entre otros.
Donald Trump ha manifestado que va a gobernar Venezuela hasta que haya una transición pacífica. Sin embargo, ridiculiza públicamente a María Corina Machado y somete al pueblo venezolano negociando con Delcy Rodríguez la vice presidenta del chavismo. Lo que demuestra su poco interés en la democracia; más bien, su interés está en disponer del petróleo venezolano.
El derecho internacional y su institucionalidad se están convirtiendo en retórica. A este paso nadie va a cumplir los mandatos internacionales, y francamente sorprende la naturalidad con la que muchos aceptan este nuevo escenario global. El poder del más fuerte está de vuelta.
