La candidatura presidencial de Mario Vizcarra, del partido Perú Primero, enfrenta un escenario de incertidumbre tras la admisión de una tacha por parte del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. El recurso cuestiona su postulación debido a una condena firme por el delito de peculado, hecho que el propio candidato consignó en su declaración jurada de hoja de vida.
La impugnación se sustenta en la Ley 30717, norma que modificó la Ley Orgánica de Elecciones y establece impedimentos para postular a la Presidencia y Vicepresidencia de la República a quienes, en su condición de funcionarios o servidores públicos, hayan sido condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, por delitos de corrupción, incluso cuando exista rehabilitación.
En este caso, la tacha fue presentada por un militante de Avanza País y admitida al haberse verificado el cumplimiento de los requisitos formales y del plazo previsto en la normativa electoral. En consecuencia, el JEE notificó al personero legal de Perú Primero para que presente sus descargos y los medios probatorios correspondientes en el plazo de un día. Otras dos tachas han sido formuladas por el mismo motivo; una fue declarada inadmisible por falta de pago de la tasa electoral y otra continúa en trámite.
El debate jurídico se complejiza por la posición del Tribunal Constitucional (TC) frente a la Ley 30717. En 2018, una anterior composición del TC no alcanzó los votos necesarios para declararla inconstitucional, por lo que la norma fue confirmada y continúa vigente. Bajo ese criterio, el propio TC rechazó el recurso de Luis Zubia, condenado en el mismo proceso penal que Mario Vizcarra, cuando intentó postular a una alcaldía.
Sin embargo, en resoluciones posteriores, la actual gestión del TC ha considerado que la ley no impide la postulación de personas que ya cumplieron su condena, aunque dichas decisiones no constituyen precedente vinculante. Especialistas en derecho electoral advierten que la decisión final dependerá de si el JEE y, eventualmente, el Jurado Nacional de Elecciones optan por una aplicación estricta de la ley vigente o por acoger el criterio desarrollado en sentencias constitucionales de alcance individual.
Por ahora, la continuidad de la candidatura de Mario Vizcarra queda supeditada a esta disyuntiva legal.
