La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) inició investigaciones internas luego de la detención del servidor público Luis Enrique Calla Rodríguez. Este fue intervenido por la Policía Anticorrupción tras una denuncia por presunto cobro de coimas para evitar sanciones administrativas a un empresario local.
El alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez confirmó que el implicado es un servidor nombrado del área de cobranza coactiva que labora en la comuna desde el año 2019. Y deslindó que se trate de un funcionario de confianza de su actual gestión. Precisó que se trata de un trabajador con funciones específicas y delimitadas, y aseguró que las acciones que se le atribuyen no forman parte de los procedimientos regulares de la municipalidad. Por lo que se dispuso el inicio de las investigaciones para su inmediata separación del cargo.
El burgomaestre también planteó la hipótesis de que el servidor habría embaucado a sus presuntas víctimas. Ya que, según explicó, las clausuras de locales comerciales no dependen de manera individual del área de Ejecución Coactiva, sino que son coordinadas previamente con la Subgerencia de Control y Recaudación. A menos que existan más implicados.
Además, explicó que las acciones de cobro coactivo deben estar sustentadas en resoluciones administrativas y cumplir procedimientos estrictos. Los cuales —según la información preliminar— no se habrían respetado en el caso que motivó la intervención policial. En esa línea, remarcó que los ejecutores coactivos no cuentan con competencias de fiscalización, por lo que cualquier actuación fuera de ese marco resulta irregular y pasible de sanción administrativa y penal.
En paralelo, el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa inició una investigación contra el servidor público detenido por el presunto delito de cohecho pasivo propio. El fiscal provincial Manuel Aquino Flores informó que la investigación se inició tras la denuncia de un empresario, quien señaló que el jefe del área de Ejecución Coactiva le habría solicitado S/ 1,700 para evitar la clausura de su establecimiento, el embargo de bienes y facilitar trámites administrativos. Durante el operativo policial, el servidor fue intervenido con S/ 450.
Finalmente, la Fiscalía dispuso recabar las declaraciones del denunciante y del detenido, además de solicitar documentación a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Mientras que la comuna anunció una suspensión temporal y el inicio de un proceso administrativo disciplinario para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
