Jaime Chávez Flores busca retornar a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Cayma, pero trata de ocultar un desfalco millonario que él mismo ocasionó cuando dirigió las riendas del distrito. Y es que la Contraloría General de la República, a través del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 019-2025-2-1302-AC, puso al descubierto una red de irregularidades en la ejecución de la obra «Mejoramiento y ampliación de los servicios del puesto de salud La Tomilla”.
Según el ente de control, durante su gestión existió un perjuicio económico de S/ 3 millones 354 mil 157.92 soles. Lo más grave es que el exalcalde excluyó al procurador público, que tenía previsto iniciar procesos legales contra la contratista, para no cobrar las penalidades por incumplimiento del contrato. Es decir, favoreció al privado.
Equipos fantasmas
Toda la obra fue adjudicada al Consorcio Alamar por un monto contractual de S/ 5 millones 213 mil 445,85. Sin embargo, según el órgano de control, la administración de Jaime Chávez otorgó conformidad y pagó valorizaciones por bienes que nunca llegaron al centro de salud o que no cumplían con las especificaciones técnicas.
La unidad contralora determinó que 463 dispositivos médicos, valorizados en S/ 1 millón 789 mil 027,18, simplemente no fueron hallados en el puesto de salud durante las inspecciones físicas. A esta cifra se suman otros S/ 885 mil 290,68 correspondientes a 214 equipos que, aunque entregados, no cumplían con las características técnicas exigidas en el expediente. En total, el daño patrimonial solo por equipamiento defectuoso o inexistente supera los S/ 2.6 millones.
Además, la auditoría encontró que una partida presupuestaria por la instalación de un ascensor fue pagada íntegramente a pesar de estar inoperativa por falta de componentes esenciales. Asimismo, se identificaron 17 partidas de instalaciones eléctricas que no respetaban los estándares técnicos, junto con obras civiles inconclusas. Estas fallas en la infraestructura eléctrica y el ascensor representan un perjuicio adicional de S/ 130 mil 328,74.
Apartó al procurador
Además de las fallas físicas, el informe describe una maniobra legal para favorecer al contratista. El titular de la entidad, Jaime Chávez Flores, dispuso que una abogada externa, ajena al Sistema de Defensa Jurídica del Estado, representara a la municipalidad en procesos conciliatorios. Esta decisión excluyó deliberadamente al procurador público municipal del proceso. Bajo esta representación irregular, se suscribieron acuerdos que permitieron la inaplicación de penalidades por mora.
Dichas conciliaciones favorecieron al Consorcio Alamar al ignorar que su derecho a solicitar tales mecanismos ya había caducado. El resultado, perjudicial para la comuna, fue la omisión del cobro de la penalidad máxima por mora, equivalente al 10% del contrato, que asciende a S/ 521 mil 344,59.
La supervisión de la obra, a cargo de Francisco Raúl Oviedo Mamani, también fue beneficiada. El comité de recepción no aplicó una penalidad de S/ 1 millón 121,54 por haber otorgado conformidad a una obra a todas luces incompleta que, incluso, no tenía todos los equipos médicos completos.
El análisis del presupuesto original ayuda a entender la magnitud del desvío. El presupuesto total actualizado de la obra era de S/ 5 millones 543 mil 561,03, de los cuales el costo directo representaba S/ 3 millones 776 mil 217,48. El perjuicio detectado equivale a más del 60% del valor total de la inversión.
Los componentes del proyecto estaban divididos en estructuras, arquitectura, instalaciones y el crítico equipamiento médico. Este último debía cubrir desde consultorios de medicina general hasta laboratorios de hematología, áreas que hoy carecen de los implementos pagados, pero completamente inexistentes y, en algunos casos, inoperativos.
Hay responsables
La unidad contralora identificó a seis personas con presunta responsabilidad en estos hechos: el exalcalde Jaime Pedro Chávez Flores, y los funcionarios Jorge Antonio Tejada Medina, Alice Patricia Román Delgado, Carlos Dangelo Ampuero Riega, Rodrigo Jesús Bernedo Condori e Ilane Nancy Pinto Diaz.
Estos habrían vulnerado múltiples normativas, incluyendo la Ley de Contrataciones del Estado y el Código Civil, al permitir pagos por trabajos no realizados y negociar acuerdos lesivos para los intereses públicos. La auditoría señala que se otorgó conformidad a 14 valorizaciones que alcanzaron un supuesto avance del 99.83% en abril de 2022. No obstante, las visitas de control posteriores encontraron cajas selladas que no pudieron ser revisadas por falta de personal técnico del contratista.
Posteriormente, cuando la entidad realizó un inventario notarial en marzo de 2023, la realidad fue innegable: los equipos no estaban en el nosocomio. Esta situación forzó a la gestión municipal 2023-2026, que lidera el alcalde Juan Carlos Linares, a elaborar un expediente de saldo de obra por más de 3 millones de soles para terminar lo que ya se había pagado.
Actualmente, la obra inconclusa se ejecuta bajo administración directa, pero el daño a las arcas municipales y el retraso en la atención médica para los vecinos de La Tomilla ya es una realidad irreversible. El caso ahora queda en manos de las instancias legales para determinar las sanciones penales y administrativas correspondientes. Revelación.pe insistió para obtener la versión del exalcalde Jaime Chávez, pero al cierre de esta nota no respondió las llamadas ni los mensajes.
