Durante años, la exportación de macroalgas avanzó más rápido que las normas que debían ordenarla. Ahora, el Ministerio de la Producción decidió ajustar las reglas. Con un nuevo decreto, el Estado busca poner límites claros a las plantas que operan como industriales sin serlo, en un mercado donde el crecimiento convive con informalidad y concentración empresarial.
Nuevas regulaciones
El Decreto Supremo N.° 024-2025-PRODUCE introduce cambios sustanciales en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las macroalgas marinas. La norma establece un procedimiento de adecuación para aquellas licencias artesanales que, en la práctica, operan bajo condiciones industriales. El plazo fijado es de 24 meses, periodo durante el cual estas plantas deberán regularizar su situación sin perder, de manera inmediata, su reconocimiento temporal como artesanales.
El primer filtro recaerá en los Gobiernos Regionales. En un plazo de 20 días hábiles deberán identificar qué licencias artesanales corresponden a operaciones que exceden ese ámbito. Luego, deberán publicar un listado detallado de plantas susceptibles de adecuación, diferenciando su destino productivo, y remitir esa información a la autoridad pesquera nacional. A partir de ese momento, el reloj empezará a correr para los operadores.
La norma también refuerza los mecanismos de control. Se implementará un Certificado de Procedencia obligatorio para asegurar el origen legal de las macroalgas durante toda la cadena productiva y comercial. Además, se sistematizará una base de datos nacional de licencias artesanales y se exigirá la publicación actualizada de todas las plantas procesadoras por región, fortaleciendo la trazabilidad del recurso.
China es el destino
Otro punto clave es la definición precisa de qué se considera una planta industrial. El decreto incorpora criterios técnicos vinculados a procesos complejos de transformación, como secado artificial, extracción de compuestos y producción de derivados. En los próximos 120 días, Produce aprobará una fórmula oficial para determinar la capacidad instalada, cerrando una brecha normativa que permitió operar sin una clasificación clara.
El ajuste normativo llega en un contexto de fuerte dinamismo exportador. En 2024, el Perú exportó más de 24 mil toneladas de macroalgas por 21,5 millones de dólares, con China como principal destino. Investigaciones periodísticas han advertido que empresas de capitales chinos concentran parte del mercado en el sur, operando sin autorización industrial, mientras la mayor parte del recurso se exporta sin valor agregado.
Pese a su potencial ambiental y económico, el sector enfrenta riesgos evidentes. La falta de regulación facilitó prácticas informales y sobreexplotación, con impactos en los ecosistemas marinos. Frente a ello, el Estado busca ordenar la actividad, proteger a las comunidades pesqueras y sentar las bases de una industria más moderna y sostenible. El desafío ahora será que la norma se traduzca en fiscalización efectiva y no quede, como antes, superada por la realidad del mercado.
