Abg. Arturo Montesinos Neyra. Analista político
En el Perú, la demarcación territorial ha sido, durante décadas, una de las decisiones más trascendentes y menos participativas del Estado. Límites distritales, provinciales y regionales, trazados desde escritorios lejanos, mapas que ignoran la historia local y resoluciones que redefinen identidades sin preguntar a quienes habitan el territorio. Luego, cuando estalla el conflicto, la sorpresa institucional es casi cínica.
La Resolución Nº 0742-2025-JNE, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, introduce un elemento: la consulta popular como mecanismo válido dentro de los procesos de demarcación territorial. No como adorno participativo, sino como una herramienta democrática que permite a la población pronunciarse sobre decisiones que afectan su pertenencia, su administración y su futuro.
Sin embargo, durante años, estos procesos se han desarrollado con una lógica vertical. La población aparece, a lo sumo, como observadora pasiva de decisiones ya tomadas. El resultado es conocido: disputas interprovinciales, conflictos entre distritos, enfrentamientos comunales y procesos judiciales que se arrastran por años.
La consulta popular, aplicada a la demarcación territorial, rompe esa lógica. Y por eso genera resistencia.
Lo que realmente establece la Resolución Nº 0742-2025-JNE, conviene decirlo con claridad para evitar distorsiones interesadas, no inventa la consulta popular ni la impone de manera automática. Lo que hace es reconocer su pertinencia y viabilidad dentro de los procesos de demarcación, siempre que se cumplan las condiciones legales y procedimentales correspondientes.
El JNE establece criterios claros para su aplicación, delimitando competencias y reforzando la idea de que la participación ciudadana no es incompatible con el ordenamiento jurídico. En otras palabras, la resolución recuerda algo elemental: el territorio también pertenece a quienes lo habitan.
La consulta popular introduce una variable que el poder político no controla del todo: el voto ciudadano. Un Estado centralista prefiere procesos ordenados desde arriba, aunque eso implique desconocer identidades históricas y dinámicas locales. La consulta popular obliga a negociar con la realidad, no solo con el expediente.
No es casualidad que muchos conflictos territoriales en el país tengan su origen en procesos de demarcación mal gestionados. Comunidades divididas, distritos provincias enfrentados y regiones en disputa son la consecuencia directa de decisiones adoptadas sin participación efectiva.
La consulta popular no garantiza unanimidad, pero sí legitimidad. Una delimitación territorial respaldada por el voto ciudadano tiene mayor posibilidad de ser aceptada, incluso por quienes no comparten el resultado. Lo contrario, la imposición, solo siembra conflicto a largo plazo.
La resolución del JNE no niega la importancia del criterio técnico. Lo que hace es equilibrarlo con el criterio democrático. Porque la técnica sin legitimidad social es solo una receta para el conflicto. La consulta popular en procesos de demarcación territorial tiene límites, y es correcto que los tenga. No puede vulnerar la Constitución ni desconocer criterios legales básicos. Pero dentro de ese marco, su alcance es significativo. Puede definir pertenencias distritales, provinciales, regionales, orientar decisiones administrativas y, sobre todo, cerrar conflictos históricos que ningún informe técnico ha logrado resolver.
La Resolución N.º 0742-2025-JNE plantea un desafío que el Estado no puede seguir postergando: escuchar antes de delimitar. La demarcación territorial no puede seguir siendo un ejercicio de poder unilateral, porque sus consecuencias se viven todos los días en el territorio. Ignorar la consulta popular no hará desaparecer los conflictos de límites. Solo los hará más complejos, más judicializados y más costosos para el país.
Demarcar sin escuchar ha sido la norma, y los resultados están a la vista. Conflictos persistentes, desconfianza institucional y territorios fragmentados. La consulta popular, aplicada con seriedad en los procesos de demarcación territorial, ofrece una alternativa democrática que el Estado ya no puede ignorar.
La Resolución Nº 0742-2025-JNE no es el problema. El problema es un poder que todavía le teme a la decisión ciudadana. Y mientras ese temor persista, el mapa del Perú seguirá siendo una fuente de conflicto, en lugar de un reflejo de su diversidad y su realidad social.
