Una decisión tomada en los pasillos de la justicia internacional terminó impactando en la vida privada de una magistrada peruana. Sancionada por Estados Unidos tras investigar crímenes en Afganistán, la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza enfrenta restricciones económicas, administrativas y personales que la dejaron, según sus palabras, “absolutamente sin defensa”.
Luz del Carmen Ibáñez Carranza integra desde hace ocho años la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Su trayectoria supera las tres décadas en el Ministerio Público peruano, donde fue fiscal nacional especializada en terrorismo y derechos humanos. Entre sus casos más emblemáticos figura el proceso que terminó con la condena a cadena perpetua de Abimael Guzmán.
Las sanciones llegaron en junio, cuando se encontraba en Perú. Estados Unidos incluyó su nombre junto al de otros jueces y fiscales de la CPI, en un contexto marcado por decisiones sensibles del tribunal. Washington justificó la medida señalando que la magistrada autorizó investigaciones contra personal estadounidense en Afganistán, una resolución adoptada en 2019 por una sala colegiada de cinco jueces.
Ibáñez Carranza ha explicado que aquella autorización no distinguía nacionalidades. Alcanzaba a talibanes, fuerzas afganas y tropas extranjeras. La decisión permitió luego emitir órdenes de arresto contra altos dirigentes talibanes. Aun así, las primeras sanciones recayeron en dos juezas del sur global, pese a que participaron magistrados de otros países que inicialmente no fueron incluidos.
El impacto fue inmediato y profundo. Perdió la visa que tenía desde los 16 años y se activaron restricciones financieras globales: bloqueo de cuentas en dólares, anulación de tarjetas de crédito y prohibición de usar servicios vinculados a empresas estadounidenses. Transferencias habituales quedaron retenidas y acciones simples, como pagar servicios o tomar un taxi, se volvieron imposibles. A ello se suma una orden de arresto rusa emitida por su pertenencia a la presidencia de la CPI, pese a no haber intervenido en el caso que la motivó.
