La Junta Nacional de Justicia abrió un nuevo frente institucional al proponer que sus resoluciones queden fuera del alcance del Poder Judicial. El proyecto, enviado al Congreso, apunta a cerrar la puerta a cautelares y amparos que hoy revierten sanciones. Esto en medio de un conflicto que expone tensiones profundas en el sistema de justicia.
La iniciativa no surge en el vacío. La JNJ reaccionó luego de que el Noveno Juzgado Constitucional ordenara la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Esto pese a una suspensión de seis meses impuesta por el propio órgano. Ese fallo encendió las alertas dentro de la institución, que considera que sus atribuciones vienen siendo erosionadas por decisiones judiciales.
Para revertir ese escenario, la Junta propone modificar el artículo 142 de la Constitución y equiparar su estatus al del Jurado Nacional de Elecciones, cuyas resoluciones no pueden ser revisadas por el Poder Judicial. Además, busca delimitar el rol de los jueces constitucionales conforme al Nuevo Código Procesal Constitucional, reduciendo su margen de intervención en nombramientos, ratificaciones y sanciones.
El proyecto, sin embargo, no elimina del todo el control judicial. La JNJ plantea que los magistrados solo puedan acudir al Poder Judicial mediante una acción de amparo cuando consideren vulnerados sus derechos humanos. Aun así, el argumento central es que las medidas cautelares actuales fragmentan el control disciplinario y generan reposiciones provisionales de jueces y fiscales sancionados.
No es la primera vez que la institución intenta cerrar ese cerco. En noviembre pasado, la JNJ presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional alegando un “menoscabo de atribuciones” por parte del Poder Judicial. El debate recuerda además un modelo ya superado: en los años noventa, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura tenía decisiones irrevisables, una restricción que fue levantada tras cuestionamientos de la CIDH y del propio TC.
